Tras recibirlo del Senado con ajustes, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en única lectura el polémico proyecto de ley que busca saldar deudas estatales por obras ejecutadas, algunas con más de 30 años de antigüedad.
La iniciativa sustituye a una pieza legislativa previa que fue observada por el presidente Luis Abinader, quien exigió mayor transparencia en la identificación de los contratistas y el origen de los fondos para ejecutar los pagos.
Originalmente, el proyecto fue aprobado en dos lecturas en la Cámara Baja, luego pasó al Senado donde se añadieron más obras relacionadas con infraestructura escolar en todo el territorio nacional.
Una comisión especial del Gobierno aseguró al Congreso que estas obras adicionales son resultado de una exhaustiva auditoría realizada durante meses para validar las construcciones y los pagos pendientes.
Puntos clave del proyecto
A diferencia de la propuesta anterior, que validaba el pago a 571 contratistas de forma directa, el nuevo texto crea una comisión fiscalizadora encargada de evaluar cada reclamación antes de emitir cualquier desembolso.
Dicho organismo tendrá potestad para rechazar solicitudes o recortar montos, aunque tiene prohibido añadir nuevos beneficiarios al listado original.
Mientras que la versión pasada se basaba en una nómina cerrada de acreedores, el nuevo esquema impone un proceso riguroso de auditoría y confirmación de los trabajos realizados.
Oposición cuestiona la rapidez
Al igual que en ocasiones anteriores, los legisladores de oposición votaron en contra, denunciando falta de claridad y una celeridad excesiva en el proceso legislativo dominicano.
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El vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, criticó que la ley aprobada no especifique los montos exactos ni las ubicaciones precisas de las obras ejecutadas.
Por su parte, el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó la falta de transparencia y solicitó que la pieza sea estudiada más a fondo en comisión para garantizar el manejo correcto de los fondos públicos.
Pese a los reclamos, la iniciativa fue aprobada con 97 votos a favor y ahora queda en manos del Poder Ejecutivo definir si el presidente Abinader procede con su promulgación.
