El histórico plan «Déjala Ir«, una iniciativa integral que une a las 75 legisladoras de diversos partidos, fue presentado en el Congreso Nacional con el objetivo de establecer una política pública de Estado para combatir la violencia de género y erradicar los feminicidios en el país para el año 2035.
Las diputadas oficialistas Carmen Ligia Barceló y Carolin Mercedes, durante una entrevista ayer con Diario Libre, destacaron que la estrategia, compuesta por 18 proyectos de ley, será financiada mediante un fondo que abarca recursos estatales como un 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a las políticas contra la violencia, aportes de las alcaldías y la utilización de dinero proveniente de bienes incautados por corrupción o narcotráfico.
Uno de los enfoques del plan, según las congresistas, radica en la garantía de los recursos para su implementación ya que «los esfuerzos dispersos han sido insuficientes hasta ahora».
La diputada Barceló, representante de Hato Mayor, reiteró que la propuesta inicial es que un 0.1 % del PIB pueda destinarse a las herramientas que se contemplan en los proyectos legislativos, como más casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia, la puesta en marcha de un registro de agresores, brazaletes electrónicos para los victimarios o la creación de jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres.
«Es una propuesta, esto puede variar, pero la idea es que haya una partida específica que se destine a esto y que tenga que invertirse en eso de manera eficiente porque si no establecemos de dónde va a salir el dinero y cuánto es, realmente la acción va a seguir siendo difusa», puntualizó la congresista.
Asimismo, Barceló y Mercedes destacaron la inclusión de los activos ilícitos en el financiamiento y de una partida exclusiva que se captará de los recursos que ya reciben las alcaldías, lo que, a su juicio, garantiza que los proyectos no queden en el olvido.
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Declaratoria de emergencia nacional
El proyecto de ley marco, el número uno de los 18 presentados, exige la declaración de los feminicidios como una emergencia nacional, un paso que las legisladoras consideran necesario por la gravedad alarmante actual del problema.
«Nosotras entendimos que, como Estado, como país, somos el segundo país con más casos trágicos. Solamente Honduras nos sobrepasa en casos de feminicidios«, señaló la diputada Mercedes mientras explicaba que el objetivo es que el Poder Ejecutivo tome las iniciativas como una política integral del Estado, de manera que no se hagan acciones aisladas ni separadas, sino en sinergia con todas las entidades estatales.
De la escuela a la justicia: prevención clave
El plan «Déjala Ir» enfoca sus esfuerzos en la prevención de la violencia, atacando las causas desde la niñez y reformando el sistema de justicia, según detallaron las diputadas.
Barceló enfatizó la necesidad de «ir a la base del problema» y tratar la violencia desde la niñez. El plan, según los proyectos legislativos, es incluir una asignatura en el currículo escolar para que se aborde el tema de la inteligencia emocional y la igualdad de género.
La diputada Mercedes agregó que la medida implicará la modificación de la Ley 66-97, orgánica de Educación, y la inclusión de la figura del trabajador social en los centros educativos, con la meta de tener uno por cada 300 estudiantes y con el objetivo de que las escuelas sean «el primer receptor o identificador de cualquier situación de violencia intrafamiliar que se esté dando».
Justicia especializada para la mujer
Para garantizar que los casos de violencia sean manejados con la debida experticia, se contempla la creación de una jurisdicción especializada en violencia de género, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
«Necesitamos personal que pueda identificar realmente qué es lo que está pasando en el seno de esa familia para que no nos convirtamos en victimarios de personas inocentes y que, además, algunas situaciones se puedan abordar desde el punto de vista de la mediación o de la psicología y que así tengan un desenlace positivo», explicó Barceló.
Otro punto clave de los proyectos es la creación del Registro Nacional de Agresores Reincidentes, que será de consulta restringida para las autoridades y que, según las legisladoras, serviría para aplicar con más precisión las órdenes de restricción, las medidas de coerción más adecuadas, los tratamientos contra los agresores y el freno de las reincidencias.
Monitoreo telemático y más casas de acogida
En cuanto a la protección de las víctimas, la iniciativa legislativa propone dos herramientas esenciales:
- Brazalete telemático de alerta: se busca implementar el brazalete con localizador electrónico para el seguimiento de agresores con órdenes de restricción. El sistema operará bajo un centro de monitoreo 24 horas con agentes especializados para la respuesta inmediata, emitiendo una alerta si el agresor viola la distancia establecida con la víctima.
- Una casa de acogida por provincia: El plan exige al Poder Ejecutivo la creación de mínimo una casa de acogida por provincia. Estas serán transformadas en centros de capacitación y apoyo, con el objetivo de sacar a las mujeres del círculo de la violencia por dependencia económica.
Estricto control de armas
Según detallaron las diputadas, el plan «Déjala ir» incluye un proyecto específico que aborda el uso de armas de fuego. Además de restringir su porte a agresores sentenciados, se enfocan en los cuerpos castrenses, como militares o policías con armas asignadas. El objetivo es que, tras estar involucrado en algún proceso de investigación por agresiones, el superior del agente inculpado tenga la obligación de retirarle el arma.
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Las expectativas de cambio
Respecto al recién promulgado Código Penal, las legisladoras fueron enfáticas en que los 18 proyectos complementan la tipificación existente y no la repiten, incluyendo figuras como la violencia vicaria y el feticidio, que no fueron incluidas en la pieza que aprobó el Congreso.
Además, aclararon que ningún proyecto toca el polémico tema del aborto, por lo que no se incluye ninguna propuesta de causales o eximentes ya que el Código Penal aprobado no las contempla.
La fuerza del proyecto, según puntualizó Mercedes, radica en la unidad de las 75 legisladoras, quienes han iniciado conversaciones con el liderazgo político para conseguir la aprobación expedita y consensuada de las iniciativas, garantizando que el plan legislativo «no quede solo en un anuncio», sino que se concluya con su aprobación para erradicar los feminicidios en el 2035.
La visión de las diputadas, que se une a la proyección de las demás congresistas que firmaron los proyectos, es que, según comentaron, en diez años las mujeres se sientan más protegidas, las familias no se desintegren por muertes violentas y la sociedad pueda vivir un clima de paz sin las altas tasas de feminicidios que hoy enlutan al país.
