El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció hoy que el Gobierno dominicano iniciará este miércoles una mesa de diálogo nacional para buscar soluciones ante el impacto de la crisis global derivada del conflicto en Oriente Medio.
La primera reunión, que convocará a líderes de los sectores productivos, políticos y sociales, se llevará a cabo esta tarde en el Ministerio de Economía para blindar la economía local.
Paliza detalló que la medida busca proteger la estabilidad del país ante la inestabilidad internacional generada por el conflicto bélico en el Medio Oriente, que amenaza con encarecer los costos de vida.
«Buscamos consensuar alternativas y mecanismos para blindar el crecimiento económico y mitigar los efectos negativos, protegiendo principalmente a las familias más vulnerables», indicó.
El funcionario confirmó que ya han iniciado contactos con líderes de la oposición y el sector empresarial para integrar a todas las fuerzas vivas del país en este esfuerzo conjunto.
El ministro destacó que en estos encuentros se evaluarán medidas económicas estratégicas para enfrentar la incertidumbre del entorno global actual.
Control total al crecimiento de la nómina pública
Por otro lado, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aseguró que el Estado está ejecutando una política de austeridad para frenar el gasto corriente, especialmente en el crecimiento de la nómina pública.
Señaló que se mantienen estrictas restricciones para la creación de nuevas plazas y ajustes salariales innecesarios, como parte de un plan de contención del gasto público.
«El Gobierno también debe apretarse el cinturón para garantizar que el gasto sea eficiente y controlado», expresó.
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- Freund aclaró que las únicas excepciones para aumentos son áreas críticas como salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que el resto de las instituciones operan con rigurosidad.
Estas revelaciones fueron compartidas tras una reunión en el Senado, donde también se debate la reforma a la Ley 33-18 de Partidos, enfocada en endurecer los controles sobre el financiamiento político y blindar la democracia dominicana frente a recursos ilícitos.
