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Desde su investidura en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha observado y devuelto al Congreso Nacional ocho iniciativas legislativas clave, alegando inconsistencias en la redacción, proponiendo modificaciones desde el Poder Ejecutivo o sugiriendo la eliminación de ciertos artículos.
La más reciente objeción presidencial impactó la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, pero esta estrategia de revisar proyectos de ley se ha consolidado desde 2022, abarcando legislaciones cruciales como la de Aviación Civil, la de la Cámara de Cuentas, la de Fiscalización y Control del Congreso y la del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Según la Carta Magna, el Poder Ejecutivo está facultado para devolver proyectos al Congreso antes de promulgarlos, sugiriendo ajustes en algunos artículos o mejoras.
El primer proyecto objetado durante las gestiones de Abinader fue la pieza sobre incentivos a la aviación civil.
En octubre de 2023, el Poder Ejecutivo devolvió la ley que creaba un régimen de incentivos fiscales para la aviación civil comercial, argumentando que el Congreso incluyó un artículo «inusual» y modificó la esencia de la normativa.
Según la carta enviada al Senado, la versión aprobada extendía exenciones a más actores de lo previsto, lo que, de acuerdo con el Ejecutivo, podía comprometer las proyecciones de recaudación.
También consideró excesivo el plazo de 15 años establecido para los incentivos, proponiendo reducirlo a cinco y, en esencia, la observación buscó limitar el impacto fiscal y preservar el enfoque original del proyecto que era impulsar nuevas rutas aéreas.
Cámara de Cuentas, Gaceta y TSE: Las polémicas
En octubre de 2024, Abinader devolvió al Congreso la reforma a la ley de la Cámara de Cuentas y, dentro de sus objeciones, propuso ajustes para prevenir conflictos internos en el pleno del órgano fiscalizador y endurecer las sanciones contra la corrupción administrativa.
Las modificaciones planteadas incluían eliminar un párrafo que permitía a los miembros convocar sesiones sin el presidente del organismo y cambiar el quórum requerido para sesionar.
El Ejecutivo también sugirió multas de hasta mil salarios mínimos y procesos penales para funcionarios que cometieran abuso de autoridad, sobornos o mal manejo de fondos públicos.
Posteriormente, en enero de 2025, el mandatario observó la ley de boletines oficiales y propuso que, en lugar de crear un nuevo Boletín Oficial del Estado, se modernice la actual Gaceta Oficial con herramientas digitales que faciliten la actualización y consulta de las normas, además de incluir en los registros modificaciones derivadas de fallos del Tribunal Constitucional.
Mientras que, en junio de 2025, el Poder Ejecutivo devolvió la ley del Tribunal Superior Electoral (TSE) y objetó que los jueces de ese órgano recibieran el mismo salario que los del Tribunal Constitucional, al considerar que generaría un «desnivel salarial» con los titulares de la Junta Central Electoral.
También pidió suprimir el artículo que facultaba al TSE a resolver conflictos internos de colegios gremiales, como el de Abogados o el Colegio Médico Dominicano.
Ministerio de Justicia y otras normativas clave
La creación del nuevo Ministerio de Justicia se estableció por una ley aprobada en el Congreso, pero observada en julio de 2025 por el presidente, quien se concentró en optimizar el diseño de la política criminal y el alcance funcional del nuevo ministerio.
El objetivo de las objeciones, según la carta enviada por Abinader, fue garantizar que las funciones del nuevo ministerio no interfieran con la independencia de otros entes del sistema de justicia, y consolidarlo como un instrumento moderno y respetuoso del orden constitucional.
Ese mismo mes el mandatario devolvió a los congresistas la Ley de Bien de Familia proponiendo cambios al artículo 15, que regula los bienes inmuebles transferidos por el Estado dentro de planes de desarrollo social. Solicitó que los expedientes incluyan una indicación expresa sobre si la vivienda fue construida por el Estado o por el adquiriente, y que dicha información figure en el contrato de transferencia o en una certificación oficial.
- Un mes después, en agosto de 2025, el Ejecutivo observó varios artículos de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional que, a su entender, contradecían disposiciones constitucionales sobre la interpelación y el control político.
Abinader recomendó suprimir el artículo 41, que incluía a funcionarios electos en el ámbito de las invitaciones congresuales, por no estar contemplado en la Constitución y en cuanto al artículo 42, aclaró que ciertos funcionarios designados, como el gobernador del Banco Central y los directores de organismos autónomos, solo pueden ser interpelados bajo las condiciones que fija el artículo 95 de la Carta Magna.
La más reciente pieza devuelta a los senadores fue la normativa que modifica la ley sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, en la que se propusieron plazos específicos para el desmonte de plásticos de un solo uso y productos de foam: 12 meses en general y 24 meses para ciertos envases sin sustitutos económicos.
De acuerdo con la Constitución dominicana, cuando el Poder Ejecutivo devuelve una ley al Congreso debe explicar los motivos de su observación. La cámara que la reciba debe revisarla nuevamente en una sola lectura. Si ambas cámaras la aprueban otra vez con el voto favorable de dos terceras partes, la ley se promulga sin cambios.
Además, el Congreso tiene hasta dos legislaturas ordinarias para decidir si acepta o rechaza las observaciones y, de no hacerlo, se consideran aceptadas.
