La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una histórica reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, marcando un cambio radical en el mercado de trabajo que ahora avanza hacia el Senado.
La propuesta fue aprobada en dos votaciones consecutivas tras lograr un consenso mayoritario en el Congreso, sorprendiendo al arco político al sumar incluso el apoyo de sectores que inicialmente se mostraban reticentes ante la medida.
El respaldo transversal al proyecto, en vísperas de las elecciones, se consolida como una victoria política clave para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien impulsó esta iniciativa como una prioridad para mejorar la calidad de vida de los trabajadores brasileños.
Tras la votación, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, destacó que esta reforma defiende el derecho a vivir con bienestar y salud, comparando este avance social con hitos históricos en la protección de los derechos laborales en Brasil.
La medida busca eliminar la obligatoriedad del trabajo los sábados, garantizando dos días de descanso semanal. Para facilitar la transición económica, el proyecto contempla un cronograma de implementación gradual que permitirá a los sectores productivos adaptarse a la nueva carga horaria.
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El plan estipula que, a los 60 días de la promulgación, el tope semanal bajará a 42 horas. Posteriormente, al cumplirse los 12 meses, la jornada se reducirá definitivamente a un máximo de 40 horas, asegurando dos días de descanso remunerado, idealmente incluyendo el domingo.
El texto protege los convenios colectivos vigentes y regímenes especiales para sectores críticos como salud, seguridad y transporte, permitiendo escalas diferenciadas siempre que se respete el límite general de jornada diaria.
Para proteger el tejido empresarial, una ley complementaria definirá reglas específicas para microemprendedores y pequeñas empresas, buscando mitigar el impacto en los costos operativos y preservar la generación de empleo formal.
El proyecto ahora enfrenta su etapa decisiva en el Senado, donde deberá alcanzar nuevamente una mayoría calificada para ser ratificado definitivamente como parte de la Constitución brasileña.
Aunque el sector industrial, a través de la CNI, ha expresado preocupación por el posible aumento de costos laborales, el Gobierno insiste en que esta reforma es un pilar fundamental para modernizar el sistema productivo, elevar la productividad y responder a una demanda histórica de los sindicatos y los sectores populares. EFE
