La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) lanza el nuevo reglamento DGCP SNCP-03-2026, una medida clave que transforma cómo se realizan las compras y contrataciones del Estado en República Dominicana, garantizando mayor transparencia y control en el uso del dinero público.
Mediante una nota de prensa, el órgano rector informó que el reglamento entra en vigencia este 1 de julio y es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado, proveedores y contratistas bajo la nueva Ley 47-25, elevando los estándares de fiscalización y veeduría ciudadana.
Esta normativa es vital para supervisar el gasto público, permitiendo que la sociedad dominicana tenga herramientas más eficaces para vigilar el correcto uso de los recursos en cada proceso de licitación y compra estatal.
En su artículo 3, el documento destaca que el SECP es ahora una infraestructura de interés nacional. Su protección es una prioridad estratégica para garantizar la seguridad de la información y la continuidad de los servicios del Estado frente a cualquier vulnerabilidad digital.
“Cualquier intento de sabotaje o ciberataque que comprometa la integridad del SECP será investigado bajo las leyes de seguridad nacional, protegiendo así los datos críticos de los procesos de contratación del país”.
TemasRelacionados
El reglamento refuerza el principio de equivalencia funcional: toda firma y comunicación electrónica dentro del SECP tiene la misma validez legal que un documento físico, asegurando rapidez y seguridad en cada trámite.
El artículo 21 es contundente: todo procedimiento de contratación pública debe gestionarse exclusivamente a través de esta plataforma digital. De lo contrario, los procesos podrían ser declarados nulos según lo establecido en la Ley 47-25, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.
La falta de publicación de una actuación en el sistema acarreará sanciones severas para los funcionarios y entidades que no cumplan con esta obligación, cerrando brechas para la informalidad en las compras públicas.
Con este paso, la DGCP consolida un marco regulatorio moderno bajo la Ley 47-25, diseñado para elevar la eficiencia, la competencia y la integridad en todas las contrataciones que realiza el Gobierno dominicano.
Este reglamento se suma a las normativas ya aprobadas sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador y el nuevo Registro de Proveedores del Estado (RPE), marcando un antes y un después en la transparencia pública en RD.
