La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advierte que el artículo 209 del Código Penal dominicano amenaza la libertad de expresión y podría utilizarse como una herramienta de censura. La entidad hace un llamado urgente a reformar esta pieza legislativa para evitar abusos contra el periodismo y la libre crítica.
La postura, liderada por Servio Tulio Castaños, busca que la ley diferencie claramente entre el delito de chantaje y las denuncias ciudadanas o el ejercicio periodístico. El análisis destaca que la redacción actual es vaga y peligrosa, dejando espacio a interpretaciones que podrían criminalizar el debate público en la República Dominicana.
Según el informe, el concepto de «beneficio de cualquier naturaleza» es demasiado amplio, violando el principio de tipicidad. Esta imprecisión pone en riesgo a ciudadanos y comunicadores, al no definir con claridad qué conductas son realmente delictivas, abriendo la puerta a arbitrariedades judiciales.
Finjus recalca que la norma actual ignora protecciones fundamentales al interés público y la veracidad de la información. Al no incluir causas de justificación claras, actuaciones protegidas por nuestra Constitución podrían quedar expuestas a persecución penal injustificada, afectando la democracia dominicana.
Además, la entidad critica la desproporción de las penas planteadas, calificándolas como incompatibles con el derecho penal moderno. Se enfatiza que el castigo criminal debe ser el último recurso y no un arma para silenciar voces críticas en el país.
La organización insiste en que el Código Penal debe respetar el principio de mínima intervención penal, centrándose exclusivamente en castigar conductas que realmente lesionen a la sociedad sin comprometer las libertades individuales.
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Peligro para la libertad de expresión
Ante este panorama, la propuesta de Finjus es clara: una reforma inmediata que blinde el derecho a la crítica y al periodismo de investigación. Es vital establecer fronteras legales precisas entre la extorsión real y el derecho de la ciudadanía a denunciar hechos de interés general.
Para la Finjus, ajustar esta normativa es fundamental para fortalecer la seguridad jurídica en la República Dominicana y asegurar que el sistema de justicia no sea instrumentalizado para vulnerar los derechos fundamentales de los dominicanos.
