El coronel Andrés Pacheco Valera, uno de los oficiales que cumplen prisión preventiva como parte del potente entramado de corrupción y estafa contra el Estado desmantelado en julio del 2025, permanecerá tras las rejas por decisión de la jueza Yanibet Rivas, quien ayer rechazó la solicitud de variación de la medida de coerción que pesa en su contra desde el inicio del proceso.
El grupo de 10 implicados, incluyendo altos mandos militares y civiles, fue capturado durante la Operación Cobra, acusados de integrar una estructura criminal que desfalcó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el SENASA, y las distribuidoras eléctricas Ede-Norte, Ede-Este y Ede-Sur.
En el expediente figuran, además de Pacheco Valera, el general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la FARD Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellignton Peralta Santos, el coronel policial Ramón Quezada Ortíz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
De estos imputados, confesaron su culpabilidad en los delitos señalados Valera Pacheco, Vicioso Boció, Guarín Fernández, Caamaño Pérez y Eufracio Aybar, según confirmó la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, al avanzar las investigaciones.
Las evidencias financieras del pago de sobornos y coimas figuran en los registros contables que fueron entregados como pruebas al Ministerio Público por el SENASA.
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De acuerdo con el expediente acusatorio de la fiscalía, todos los procesados tienen registrado el cobro de sobornos mediante transferencias ilícitas realizadas por Quilvio Rodríguez desde su empresa hacia las cuentas de los jefes de seguridad de las instituciones estatales mencionadas.
