La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, dictó tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, tras ser vinculado a un escándalo de corrupción por recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo en el caso Senasa.
La magistrada tomó la drástica decisión luego de una extensa audiencia de más de diez horas donde fueron rechazados múltiples incidentes presentados por la barra de la defensa.
El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Hombres, acogiendo parcialmente la solicitud presentada por Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Mena.
La jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pautó para el 29 de julio la revisión obligatoria de la medida contra el fiscal, quien operaba para la Pepca.
Previo a este fallo, la defensa intentó recusar a la jueza, pero tanto la Cámara Penal de la Corte de Apelación como la Suprema Corte de Justicia desestimaron los intentos de dilatar el proceso judicial.
Incidentes planteados por la defensa
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Los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano buscaron sin éxito apartar a Wilson Camacho del caso y solicitaron la nulidad de las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó incompetencia jurisdiccional, insistiendo en que el proceso debió ser instrumentado por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda.
Asimismo, la jueza negó la petición de la defensa para que los medios de comunicación entraran a la sala de audiencias, manteniendo el control del caso tras el revuelo que ha generado el proceso en la opinión pública.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es investigado por recibir dinero en efectivo de Roberto Canaán, testigo clave en el sonado caso de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Dada la gravedad de las acusaciones y la alta investidura del funcionario, el Ministerio Público solicitó originalmente un año de prisión preventiva como medida ejemplar.
El órgano persecutor sostiene que existe un peligro latente de que el procesado entorpezca las investigaciones utilizando sus conexiones dentro del sistema de justicia dominicano.
