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El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra los tres implicados en el escándalo de corrupción en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Los acusados habrían operado una red criminal desde el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para desfalcar millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando directamente a pacientes con cáncer de escasos recursos y al erario de la República Dominicana.
En la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, la Fiscalía pide que el caso sea declarado complejo. Los señalados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y exdirectivo del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado, quien fungió como vicepresidenta y auditora del centro.
La medida fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por Mirna Ortiz, junto a un equipo de fiscales de Santiago que lideran este duro golpe contra la corrupción en el sector salud.
Los arrestos se produjeron tras la Operación Onco14, una investigación profunda que destapó cómo los imputados y las empresas Vargas Guzmán Accounting Center y Tócate RD-Casa de Acogida utilizaban métodos ilegales para saquear fondos públicos.
Entre las graves irregularidades detectadas figuran fraude clínico, alteración de recetas, falsificación de sellos médicos, doble facturación al SeNaSa y el desvío de medicamentos esenciales de los pacientes oncológicos.
La red también es investigada por la venta ilícita de medicamentos donados, contrabando con exoneraciones, cirugías estéticas ilegales realizadas dentro del oncológico, viajes personales cargados al centro y hasta lavado de activos.
Durante la Operación Onco14, las autoridades incautaron evidencias clave, incluyendo dinero en efectivo, armas de fuego, títulos de propiedad, vehículos y dispositivos electrónicos que comprometen al grupo con delitos de alta tecnología y asociación de malhechores.
El Ministerio Público detalló que Lora Cruceta se mantuvo al frente del IORC desde 2018 hasta 2025, extendiendo su control mediante maniobras para garantizar el manejo discrecional de los recursos destinados a salvar vidas.
La investigación confirma que la estructura criminal operó con una total falta de ética, priorizando el beneficio personal sobre la atención médica vital de cientos de ciudadanos que acuden al IORC en busca de tratamiento contra el cáncer.
Este caso ha generado gran indignación en el país, al tratarse de un saqueo directo a fondos que debieron llegar a los pacientes más vulnerables del régimen subsidiado.
