Indignación y frustración reinan entre los familiares de las víctimas de la tragedia Jet Set tras salir de la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El juez Raymundo Mejía decidió enviar a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat a juicio de fondo únicamente por homicidio involuntario, una resolución que ha generado gran descontento social.
La decisión del magistrado desestimó la solicitud de las víctimas de recalificar el tipo penal para buscar sanciones más severas.
No hay dolo eventual en un derrumbe donde una de las imputadas estuvo dentro del centro y no se puede equiparar a la conducta de alguien que dispara en un lugar, argumentó Mejía durante la audiencia.
Para Luis Miguel Custodio, hermano de una de las víctimas y portavoz del Movimiento Justicia Jet Set, el fallo es insuficiente ante la magnitud de la tragedia.
Buscó explicaciones técnicas para evitar el dolo eventual, pero nosotros exigimos una pena proporcional a la tragedia que enlutó al país, declaró a la prensa en el Palacio de Justicia.
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Custodio sostiene que el verdadero dolo eventual ocurrió minutos antes del colapso del techo del Jet Set, tragedia que dejó un saldo devastador de 236 muertos y 180 heridos.
Hubo cuarenta minutos para evitar esta masacre. La supuesta autovulnerabilidad de los dueños no los exime de la responsabilidad penal, sentenció.
Los afectados por este suceso ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 aseguran que se mantendrán firmes en su lucha por justicia.
Le pedimos al pueblo dominicano que no nos deje solos. No nos vamos a parar, no nos vamos a detener; seguiremos presionando hasta que haya una condena ejemplar, enfatizó.
Durante la audiencia, decenas de personas se mantuvieron en las afueras del recinto clamando justicia por sus seres queridos.
Al salir, los hermanos Espaillat fueron increpados por familiares que, entre gritos y protestas, les reclamaban responsabilidades ante el cordón de seguridad policial.
El magistrado Mejía ratificó el envío a juicio de fondo bajo la figura legal de homicidio involuntario.
Además, el tribunal mantuvo las medidas de coerción y ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por un valor de hasta RD$500,000 millones.
