El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidirá este jueves el futuro de la recusación contra la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, en el escandaloso caso del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
La alta corte sesionará en cámara de consejo para resolver el recurso interpuesto por la defensa del funcionario judicial en medio de la expectativa pública.
La magistrada Muñiz, titular de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien prestaba servicios en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La audiencia fue programada luego de que el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, analizara el expediente y presentara su recomendación técnica al pleno, tras ser designado por el presidente de la SCJ, Henry Molina.
Los jueces del pleno definirán si la magistrada Muñiz continúa al frente del proceso o si se designa a un nuevo juez para conocer la medida de coerción contra el representante del Ministerio Público.
Las razones de la recusación
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Los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano alegan que la imparcialidad de la jueza Muñiz está comprometida. La defensa argumenta que la magistrada no es apta para conocer el caso tras haber autorizado diligencias claves, como la entrega vigilada del dinero del supuesto soborno.
Aunque la jueza declinó inhibirse voluntariamente, el protocolo legal obliga a la SCJ a emitir un fallo definitivo tras la objeción presentada por los abogados del imputado.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es investigado por supuestamente aceptar dinero de un testigo clave en un expediente relacionado con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Debido a la gravedad de los hechos y el cargo que ocupa el imputado, el Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva como medida cautelar.
El órgano acusador advierte sobre un posible peligro de fuga y riesgo de obstrucción a la justicia debido a los contactos y funciones que el imputado posee dentro del sistema judicial dominicano.
