Todos los países enfrentan momentos históricos que marcan el rumbo de su economía. Para entender el desarrollo actual, basta mirar cómo eventos globales transformaron a potencias como Japón o China, definiendo el bienestar de su gente a largo plazo.
La economía dominicana también fue moldeada por procesos críticos, siendo el más relevante el destino del inmenso conglomerado de empresas estatales que pasaron al control público a inicios de los años sesenta. En ese momento, la frontera entre lo público y lo privado era sumamente difusa debido a las particularidades históricas de la época.
El Estado recibió un impresionante portafolio que incluía sectores estratégicos: desde energía, azúcar y cemento, hasta banca, comunicaciones y transporte. Sin embargo, el verdadero impacto en nuestra estructura económica no vino de la posesión inicial, sino de lo que ocurrió con esos activos después de caer bajo administración estatal.
La desaparición de este patrimonio no fue un proceso de privatización planificado, ni una venta transparente a precios competitivos. Fue un proceso marcado por el descuido gerencial, la descapitalización y la pérdida gradual de activos. Muchas de estas empresas colapsaron ante la falta de eficiencia o fueron absorbidas por competidores privados, a veces bajo esquemas de gestión cuestionables que terminaron de desmantelar lo que pudo ser un pilar del desarrollo nacional.
Hoy el debate sigue vivo: mientras muchos lamentan la pérdida de este patrimonio público, otros defienden la salida del Estado de actividades empresariales. Lo cierto es que gran parte de nuestra estructura fiscal y las debilidades económicas actuales tienen sus raíces en aquel turbulento traspaso y liquidación de los bienes de todos los dominicanos.
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