El director del Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP), Héctor Balcacer, afirma que el paro de jueces en República Dominicana no es culpa de la gestión de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Balcacer señala que el malestar en la judicatura nace de las «precarias» condiciones laborales generadas por un recorte masivo en el presupuesto del Poder Judicial.
Sin embargo, el jurista responsabiliza directamente a Henry Molina por no presionar al presidente Luis Abinader para que se cumpla con la entrega de los fondos que por ley corresponden a la justicia dominicana.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al primer mandatario que aporte las partidas presupuestarias que merece el Poder Judicial. Esa es la raíz del conflicto”, expresó.
Balcacer emitió estas declaraciones durante un evento oficial en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Abinader.
El abogado denuncia que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional han asfixiado al sistema judicial con un recorte en el Presupuesto General de la nación de más de 20,000 millones de pesos.
“Esa partida ha sido recortada durante 20 años: hay una deuda acumulada de cerca de 2,000 millones de pesos”, enfatizó.
Según el experto, esta falta de inversión frena la apertura de nuevos tribunales, juzgados de la instrucción y cortes esenciales para agilizar la justicia en el país.
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Asimismo, denunció que los salarios actuales en el Poder Judicial son de «miseria», provocando una fuga masiva de talento humano que afecta la operatividad diaria de los juzgados.
“La solución es simple: cumplir con la ley de presupuesto; el Poder Judicial no está recibiendo el dinero que ordena la normativa vigente”, reiteró.
Piden paro escalonado
Balcacer considera que la lucha de los jueces debe intensificarse mediante paros escalonados a nivel nacional.
“Es la única vía para que el Consejo del Poder Judicial tome conciencia real de la crisis que atraviesan los jueces dominicanos”, manifestó.
Voces en contra de la paralización
Por su parte, el jurista Carlos Salcedo advirtió que la justicia es un servicio público permanente y sostiene que la huelga debe ser siempre el último recurso.
Abogado Carlos Salcedo.
“Aunque los reclamos son legítimos, detener el servicio judicial atenta contra el ciudadano, que merece una justicia de calidad y eficiencia constante”, indicó Salcedo.
La postura del Gobierno
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, aseguró que el presidente Luis Abinader no tiene intención de intervenir en este conflicto institucional.
Subero Isa apostó por el diálogo directo entre los jueces y el Consejo del Poder Judicial como la única salida saludable para evitar el colapso del sistema.
A pesar de los llamados a la calma, más de 300 jueces mantienen su convocatoria a paro para este jueves, exigiendo soluciones urgentes a sus demandas laborales y estructurales en el sistema de justicia.
