La coordinadora del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Raquel Rivera, denunció que la ola de feminicidios en República Dominicana, que ya supera los 30 casos este año, es el resultado de un sistema judicial fallido. Rivera señaló que la incapacidad de las autoridades dominicanas para articular políticas públicas eficaces deja a las mujeres en un estado de desprotección total frente a la violencia machista.
Además, Rivera atribuyó al arraigado patriarcado dominicano la causa de la violencia intrafamiliar, advirtiendo que nuestra sociedad aún normaliza la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres, perpetuando una mentalidad de posesión que termina en tragedia.
La dirigente feminista lamentó que, a pesar de años de advertencias de organizaciones sociales, apenas ahora el Estado reconoce la debilidad institucional que impide frenar el flagelo que enluta a tantas familias en el país.
Rivera valoró que la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, finalmente admitieran que el sistema le ha fallado a la mujer dominicana, aunque advirtió que el reconocimiento llega demasiado tarde para muchas víctimas.
La activista criticó duramente la ineficiencia de los organismos de seguridad. “No tienen capacidad de respuesta; cuando una mujer busca auxilio, la atención es deficiente y, casi siempre, llega tarde”, sentenció sobre el calvario que viven las víctimas al denunciar.
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Raquel Rivera recordó que en los sectores vulnerables del país, las mujeres no solo enfrentan el peligro de sus agresores, sino también la negligencia del sistema que, lejos de protegerlas, suele revictimizarlas y culpabilizarlas.
Advirtió que los asesinatos de mujeres continuarán mientras no exista una voluntad política real y una transformación profunda en el actuar de las autoridades responsables de garantizar la vida.
“Es inaceptable que una mujer solicite una orden de alejamiento o arresto y el proceso tarde hasta 15 días. Sin un sistema de protección real, el agresor aprovecha esa vulnerabilidad para intimidar y ejecutar el crimen”, afirmó Rivera.
La dirigente criticó que, incluso después de que ocurre el feminicidio, el propio sistema insiste en cuestionar a la víctima en lugar de enfocarse en las fallas de quienes debieron protegerla.
Al citar el reciente caso de Esmeralda Moronta de los Santos, asesinada por su expareja, Rivera recordó que este ciclo de impunidad es similar al ocurrido en 2012 con Miguelina Altagracia Martínez, casos donde las víctimas ya habían denunciado a sus verdugos.
Explicó que ambas mujeres habían acudido a las autoridades antes de ser asesinadas por quienes habían señalado.
Rivera lamentó la carencia de recursos humanos, materiales y económicos en la justicia dominicana, señalando que la falta de seguimiento a las medidas de protección es una sentencia de muerte para quienes deciden terminar una relación violenta.
“Desde que una mujer se querella, su vida está en peligro, y es alarmante que el sistema siga dándole la espalda a las dominicanas en sus momentos de mayor vulnerabilidad”, concluyó.
