El presidente Luis Abinader activó este viernes la emergencia nacional para agilizar compras y contrataciones públicas, con el propósito de atender los severos destrozos ocasionados por la tormenta Melissa, que golpeó fuertemente el Distrito Nacional y 14 provincias del país.
La medida, contenida en el Decreto 627-25, autoriza a más de 20 entidades del Estado a utilizar el procedimiento de excepción por emergencia nacional, contemplado en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, para adquirir bienes, servicios y obras de forma exprés.
El objetivo: reparar, reconstruir y restablecer infraestructuras clave, servicios esenciales y hogares afectados por el fenómeno atmosférico.
Entre las instituciones autorizadas figuran los ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura, Obras Públicas, Vivienda, Turismo, Interior y Policía, así como el Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese-Cal, Inapa, Indrhi, Caasd, Propeep, las tres empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste), así como la Defensa Civil, entre otras.
El decreto establece que la declaratoria tendrá una duración de 30 días a partir de su emisión.
¿Qué implica realmente esta declaratoria de emergencia nacional?
De acuerdo con la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación, el «procedimiento de excepción por emergencia nacional» es un mecanismo extraordinario que permite al Gobierno agilizar las adquisiciones cuando una situación de desastre, como un fenómeno natural o crisis sanitaria, pone en riesgo vidas humanas, el interés público o la economía nacional.
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Para aplicarlo, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto en el que se delimiten las instituciones autorizadas, los bienes o servicios que pueden contratarse, el ámbito territorial y el plazo de vigencia de la medida.
¿Qué cambia con esta declaratoria?
La declaratoria no suspende la ley, pero sí flexibiliza los plazos y requisitos de los procesos de compra. En concreto:
- Acelera las adquisiciones, eliminando licitaciones complejas y permitiendo respuestas más rápidas.
- Autoriza solo a instituciones específicas, evitando que todas las dependencias del Estado utilicen el mecanismo indiscriminadamente.
- Exige transparencia y control, ya que las entidades deben publicar los contratos y rendir cuentas ante la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.
- Tiene un plazo definido: una vez concluido, se retoman los procedimientos ordinarios de contratación.
Este tipo de declaratoria ha sido utilizado en el pasado ante situaciones de emergencia, como huracanes, inundaciones o crisis sanitarias.
¿Por qué preocupa?
La decisión ha generado debate, ya que varios sectores de la oposición expresaron su inquietud ante la declaratoria de estado de emergencia tras el paso de la tormenta Melissa por el territorio dominicano.
Argumentan que la falta de vigilancia y transparencia puede convertirla en una puerta abierta a la corrupción o al gasto ineficiente.
El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió el pasado 28 de octubre que una medida de ese tipo «faculta al Gobierno para ejecutar compras directas sin rendir cuentas al Congreso».
En la misma línea, Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sostuvo que un estado de excepción «abriría las puertas para satisfacer intereses particulares«.
En tal sentido, Carlos de Pérez, legislador de la Fuerza del Pueblo, afirmó que el país «ha sabido manejar situaciones similares sin necesidad de un estado de emergencia», y alertó sobre el riesgo de que «una medida injustificada se convierta en un espacio para negociaciones opacas o actos de corrupción«.
