El Poder Ejecutivo presentó este martes ante el Senado un proyecto de ley que marca un antes y un después: la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg). Este nuevo organismo autónomo llega para reemplazar a la actual Digeig con dientes afilados, facultades reales para investigar denuncias y el poder de aplicar sanciones drásticas, incluyendo la inhabilitación de funcionarios corruptos por hasta cinco años.
La propuesta, entregada por la actual directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, busca elevar los estándares de lucha contra la corrupción y acceso a la información. La Digiteg no solo vigilará la ética, sino que será garante en temas críticos como la protección de datos personales y el respaldo absoluto a los ciudadanos que se atrevan a denunciar actos irregulares.
La nueva entidad nacerá como un órgano autónomo con independencia total, financiera y administrativa, convirtiéndose en el cerebro detrás del nuevo Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública. Su alcance será total, permitiendo procesar denuncias ciudadanas o abrir investigaciones de oficio ante cualquier sospecha de irregularidad.
Si el caso escala a indicios penales, la Digiteg tendrá la obligación inmediata de remitir el expediente al Ministerio Público.
Sanciones reales para funcionarios
El proyecto implementa un régimen de consecuencias severo para los servidores públicos.
Las faltas leves recibirán amonestaciones o suspensiones de hasta 30 días, mientras que las graves conllevarán suspensiones de hasta 60 días y multas económicas de hasta 15 salarios mínimos.
El golpe más fuerte viene con las faltas muy graves: multas de hasta 30 salarios mínimos, destitución inmediata y la inhabilitación política o administrativa para ocupar cargos públicos por un lustro. Además, será obligatorio que cada funcionario presente su declaración de conflictos de intereses a los 30 días hábiles de asumir su puesto.
Esta ley busca unificar bajo un solo Sistema Nacional de Transparencia todo lo referente a gobierno abierto, protección de datos y mecanismos de denuncia, terminando con la dispersión institucional.
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Una ley con autoridad
Durante la entrega, Ortiz Bosch enfatizó que la transparencia se basa en el derecho sagrado del ciudadano a pedir cuentas y la obligación estricta del Estado de responder.
«La transparencia se sustenta en el derecho del ciudadano a exigir información y la obligación del gobierno a ser transparente», aseguró.
La funcionaria subrayó que esta nueva legislación dota a la institución de herramientas sin precedentes. «Es una ley que endurece nuestro trabajo y nos permite trabajar en equipo con la sociedad civil», añadió.
La gran novedad es la potestad sancionadora que tendrá la entidad. «Por primera vez tendremos capacidad de obligar al cumplimiento, porque la transparencia sin consecuencias es letra muerta», sentenció.
Este proyecto, que cuenta con el aval técnico de organismos como el BID y la OCDE, busca pasar de acciones aisladas a un sistema integral de integridad pública.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la pieza y garantizó que será evaluada con la urgencia y el rigor que demanda la lucha por la transparencia en la República Dominicana.
