La justicia española le dio la razón a la superestrella colombiana Shakira al anular una millonaria multa fiscal del año 2011, ordenando a Hacienda devolverle unos 60 millones de euros (cerca de 70 millones de dólares) que le habían sido cobrados injustamente.
La Audiencia Nacional falló a favor del recurso interpuesto por el equipo legal de la cantante, dejando sin efecto las sanciones y liquidaciones por impuestos sobre la renta y el patrimonio que pesaban sobre ella por ese periodo específico.
Según la sentencia, que aún puede ser apelada, el fisco español no logró demostrar que Shakira permaneciera en el país más de 183 días en 2011, requisito indispensable bajo la ley local para ser considerada residente fiscal y obligarla a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Aunque la reclamación inicial era de 55 millones de euros, los asesores de la barranquillera estiman que, sumando los intereses y las costas legales, Hacienda deberá reembolsarle más de 60 millones de euros tras este histórico triunfo judicial.
A través de un comunicado difundido por la agencia Llorente y Cuenca, se confirmó que este fallo cierra la última cuenta pendiente que la artista mantenía en los tribunales españoles tras ocho años de intensa disputa legal.
Por su parte, la Agencia Tributaria señaló que el caso de 2012-2014 ya fue resuelto mediante un acuerdo de conformidad previo y adelantó que llevará esta nueva sentencia ante el Tribunal Supremo para intentar revertirla.
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Hace pocos días, un juzgado de Barcelona también archivó la segunda causa penal que involucraba a Shakira por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros en 2018, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, lo que deja a la artista con un panorama mucho más claro en sus temas administrativos en España.
Cabe recordar que, en 2024, Shakira pagó una multa de 7,8 millones de euros para cerrar el caso sobre los ejercicios 2012-2014, evitando así un proceso judicial prolongado que pudo haber tenido consecuencias penales mayores.
Sin vínculos familiares en España durante 2011
El punto clave de este litigio fue la interpretación de Hacienda sobre la residencia de la cantante en 2011, argumentando que debía tributar en España pese a vivir fuera, algo que la defensa de la colombiana siempre rechazó.
Tras un análisis exhaustivo de sus movimientos, la Audiencia Nacional concluyó que no quedó acreditado que el domicilio fiscal de Shakira estuviera en territorio español durante aquel año.
En consecuencia, los magistrados determinaron que las sanciones y cobros impuestos fueron totalmente contrarios a derecho.
La justicia calculó que la estancia real de la intérprete en España fue de apenas 163 días, cifra inferior al límite legal, y subrayó que no existían pruebas de que sus intereses económicos o familiares tuvieran su núcleo principal en el país en ese momento.
El fisco intentó utilizar la relación sentimental de la artista con el exfutbolista Gerard Piqué como argumento para forzar la residencia fiscal.
Sin embargo, el tribunal fue tajante: en 2011 no existía ningún vínculo matrimonial ni hijos en común viviendo en España, por lo que no había una unidad familiar que justificara la imposición tributaria reclamada por las autoridades.
