En octubre de 2025, el Congreso Nacional lanzó la campaña Déjala Ir, presentada como la solución definitiva contra los feminicidios en República Dominicana a través de 13 proyectos de ley clave.
Sin embargo, a ocho meses de su anuncio y ante una ola de indignación nacional por el incremento de los feminicidios, los 13 proyectos legislativos están estancados en el Congreso, atrapados en comisiones que han ignorado el sentido de urgencia que demanda la sociedad dominicana.
Según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, estas iniciativas ya vencieron su plazo reglamentario para ser aprobadas y siguen en el limbo de la lectura, un proceso que parece no tener fin tras más de ocho meses de espera.
El avance es nulo: la mayoría de las piezas legislativas apenas han sido discutidas en dos reuniones de comisiones, dejando en evidencia la falta de voluntad política frente a la crisis de violencia de género que golpea a las familias dominicanas.
Promesa incumplida por los líderes legislativos
Cuando la campaña Déjala Ir fue lanzada, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes de ambas cámaras, prometieron que estos 13 proyectos serían prioridad absoluta y se aprobarían con celeridad.
Hoy, esa promesa parece haber quedado en el olvido, mientras las propuestas continúan estancadas en la fase de estudio sin resultados concretos.
Ante esta parálisis, un grupo de legisladores anunció que solicitará la creación de una comisión bicameral especial para declarar los feminicidios y filicidios como una emergencia nacional y dar seguimiento real a estas leyes que el país exige con urgencia.
La iniciativa busca reducir los feminicidios en República Dominicana para el año 2030 y erradicarlos totalmente en 2035, un objetivo que hoy luce cada vez más lejano.
¿Qué incluyen los proyectos olvidados?
El paquete de medidas, depositado entre septiembre y octubre de 2025, es ambicioso pero sigue sin ver la luz. Entre las propuestas se encuentran el empoderamiento económico de la mujer, protocolos de respuesta rápida, prevención de violencia intrafamiliar y la creación de un registro nacional de agresores.
Además, se contempla una jurisdicción especializada con juezas con perspectiva de género, casas de acogida en todo el territorio nacional y un sistema de protección integral.
A pesar de haber sido vendidas como la respuesta urgente contra la violencia machista, ninguna ha logrado superar el lento y burocrático trámite legislativo.
Nuevas propuestas ante la crisis
Ante la falta de acción, el senador por Hato Mayor, Cristóbal Castillo, depositó la iniciativa Alerta Mujer, que busca un sistema de respuesta coordinada entre la Policía, el Ministerio Público, el 9-1-1 y el Ministerio de la Mujer.
Asimismo, el senador Pedro Catrain presentó un proyecto para destinar el 10 % de los bienes incautados mediante la Ley de Extinción de Dominio a fortalecer las políticas de prevención y atención a la violencia contra la mujer, una propuesta que busca recursos frescos para combatir esta epidemia social.























