Washington.— Con la promesa de proteger los empleos locales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el año pasado una tarifa de 100,000 dólares a las visas H-1B, una medida que causó un terremoto en el sector tecnológico y empresarial estadounidense.
Sin embargo, la justicia federal anuló este lunes el cobro. Un juez falló a favor de 20 estados, determinando que el gobierno de Trump se excedió en sus funciones al aplicar este arancel sin contar con el visto bueno del Congreso.
Este programa de visas es vital para empresas y universidades que buscan talento calificado en el extranjero. Ante el debate sobre si estos profesionales desplazan a los trabajadores locales, aquí te explicamos los puntos clave de este programa, la polémica tarifa y el impacto de esta decisión judicial.
¿Qué son las visas H-1B y por qué son tan solicitadas?
Creadas en 1990, estas visas de no inmigrante permiten que empresas en Estados Unidos contraten a personas con habilidades técnicas altamente especializadas que no son fáciles de encontrar en el mercado laboral estadounidense.
Aunque no están diseñadas para la residencia permanente, muchos profesionales utilizan este estatus como paso previo a otros procesos migratorios.
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El programa requiere que el trabajador cuente con una licenciatura o equivalente. Son válidas por tres años con posibilidad de prórroga. Se estima que en Estados Unidos residen unos 700,000 titulares de esta visa, además de 500,000 dependientes.
Más del 60% de estas visas se destinan al sector tecnológico. No obstante, hospitales, entidades bancarias y universidades también dependen de este programa. Cada año, el cupo es limitado a 65,000 visas generales más 20,000 adicionales para quienes poseen maestrías, asignándose a través de un sistema de lotería.
¿Qué hizo Trump y cuál fue la reacción?
En septiembre pasado, la Casa Blanca sorprendió al fijar una tarifa de 100,000 dólares, elevando drásticamente el costo previo de 215 dólares. La medida se implementó en apenas 24 horas.
La postura oficial fue que el programa perjudicaba a los trabajadores estadounidenses al favorecer mano de obra extranjera con menores salarios. Según datos de Pew, gran parte de los beneficiarios provienen de India.
ARCHIVO – El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, habla mientras el presidente Donald Trump firma la orden ejecutiva de la Tarjeta Dorada en el Despacho Oval de la Casa Blanca
El impacto financiero fue mínimo para el gobierno: solo se recibieron 85 pagos hasta febrero, lo que demuestra que la mayoría de las empresas no pudo o no quiso asumir el alto costo.
¿Qué resolvió el juez en Boston?
El juez federal Leo Sorokin dictaminó que la tarifa impuesta por Trump violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. En su fallo, el magistrado fue tajante: el gobierno impuso un impuesto sin tener la facultad delegada por el Congreso.
Esta resolución choca con otros procesos legales abiertos en el país, como el de la Cámara de Comercio de EE. UU. y el de organizaciones en San Francisco, dejando el terreno legal de las visas H-1B en un escenario de incertidumbre y posibles apelaciones.
Los estados demandantes celebraron la medida, argumentando que el impuesto dificultaba la contratación de docentes y personal médico esencial para el funcionamiento público.
