LIMA (AP) — Perú vive una jornada electoral decisiva este domingo. Los centros de votación abrieron sus puertas para definir en un balotaje quién asumirá la presidencia, en una contienda marcada por la polarización ideológica y la desesperación ciudadana ante la imparable ola de criminalidad que golpea al país andino.
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, confirmó que millones de peruanos ya ejercen su derecho al voto. “El sistema electoral está listo para esta fiesta democrática. Garantizamos que el 100% del material electoral ya ha sido distribuido y está operando en todos los locales de votación”, aseguró el funcionario.
Los electores deben decidir entre la conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Ambos candidatos llegan a las urnas en un empate técnico, bajo la sombra de un alto porcentaje de indecisos que podría definir el futuro del país para el próximo quinquenio a partir del 28 de julio.
El descontento ciudadano es evidente: más del 70% de la población no respaldó a ninguno de los dos finalistas en la primera vuelta de abril. Con un rechazo que roza el 40% para ambos aspirantes según encuestas de Ipsos Perú, el clima político es de alta tensión e incertidumbre total.
En Perú está estrictamente prohibido difundir encuestas durante la semana previa al balotaje, una medida que aumenta la expectativa ante los resultados oficiales.
Los detractores de Fujimori cuestionan su pasado vinculado al legado autoritario de su padre, mientras que el temor ante Sánchez se concentra en posibles alianzas con sectores señalados por corrupción y una gestión gubernamental inestable, marcada por el recuerdo de los constantes cambios ministeriales en gobiernos anteriores.
Las propuestas de los candidatos
En su cuarto intento por alcanzar el poder, Fujimori, de 51 años, ha centrado su discurso en la mano dura para erradicar las extorsiones y blindar la inversión extranjera. Promete un equipo de expertos para restablecer el orden constitucional y proteger al banco central frente a la inflación, calificando a su rival de representar el caos para el país.
Por su parte, Sánchez sostiene que su gobierno mantendrá las puertas abiertas a capitales internacionales, incluyendo inversiones de Estados Unidos y China, aunque propone una revisión de los contratos de extracción de recursos naturales, especialmente en el sector minero y el gas.
El candidato nacionalista ha arremetido contra Fujimori, denunciando que su bancada impulsó leyes que, según él, facilitan la labor de la criminalidad al limitar la capacidad de acción policial, eliminando la detención preliminar y complicando los allanamientos contra redes delictivas.
Sánchez ha prometido que su prioridad absoluta, de resultar electo, será buscar consensos en el Congreso para derogar lo que denomina leyes procrimen y frenar el avance de la inseguridad, que ha visto quintuplicar las extorsiones en el último quinquenio.
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Analistas de Fitch Ratings advierten que el próximo presidente enfrentará retos enormes. Mientras una victoria de Fujimori daría confianza al sector privado, un triunfo de Sánchez genera inquietud por posibles cambios en el régimen tributario y una mayor intervención estatal. Aun así, la realidad es que el próximo gobierno, sea cual sea, deberá navegar un Congreso fragmentado y una crisis de gobernabilidad histórica que limita el margen de maniobra para cualquier reforma estructural.
A pesar de la tormenta política, Perú destaca por una estabilidad macroeconómica envidiable, manteniendo una inflación acumulada anual de apenas 1,5% en 2025, una de las cifras más bajas y sólidas a nivel mundial.
