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Al cierre de abril, la deuda pública de República Dominicana disparó las alarmas al alcanzar los US$82,790.8 millones, representando un 61.4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Este escenario, sumado a la inestabilidad global por el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, pone bajo presión las finanzas del país y obliga a mirar de cerca el riesgo económico nacional.
Un revelador informe del Centro Regional de Estrategias Económicas (Crees) advierte que hace una década la deuda pública consolidada era de US$40,415.9 millones, un 53.2 % del PIB. Esto significa que el peso de los compromisos financieros sobre la economía dominicana ha escalado un preocupante 8.2 % en solo diez años.
El endeudamiento del Sector Público No Consolidado, que suma US$66,408.5 millones y excluye los pasivos del Banco Central, se sitúa en un 49.3 % del PIB. Aunque las autoridades insisten en que estas cifras son manejables, la realidad del gasto público sugiere un panorama distinto.
El reporte detalla que, en la última década, el Estado ha sumado US$42,374.9 millones a sus compromisos. De seguir este ritmo, la cifra podría duplicarse en diez años, especialmente porque el déficit fiscal se mantiene estancado en un 3.2 % del PIB, alimentando la necesidad constante de financiamiento.
Ante la cercanía de las elecciones generales, las expectativas de una reforma fiscal integral o de una reducción drástica en el gasto del Gobierno son mínimas. Todo apunta a que la política de endeudamiento seguirá siendo el recurso principal frente a la escasez de ingresos.
Pese a las promesas de Donald Trump sobre una posible solución al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el precio del petróleo sigue rondando los 90 dólares por barril. Esto golpea directamente la factura petrolera dominicana y presiona aún más el déficit, obligando a destinar más recursos a los subsidios de los combustibles.
El análisis del Crees subraya que el servicio de la deuda devorará este año el 26.2 % de los ingresos fiscales del Estado, un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a 2017. Esta carga financiera creciente es, para muchos expertos, una señal clara de que el Gobierno debe pisar el freno.
Finalmente, los economistas instan al equipo oficial a evaluar el impacto real del pago de intereses y amortización de capital. Con una proyección del 26.2 % destinada solo a cubrir deudas en 2026, la advertencia es clara: se requiere un cambio de rumbo urgente para evitar riesgos mayores para la estabilidad económica del país.
