Tras la orden del presidente Luis Abinader de detener de forma definitiva el polémico proyecto minero Romero en San Juan, el país se mantiene en debate. La decisión, que ha generado un terremoto político y social, provocó reacciones encontradas entre defensores del medio ambiente y el sector empresarial dominicano.
El jefe de Estado manifestó la noche del lunes a través de sus redes sociales: «Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia».
Sin embargo, la medida divide opiniones en el territorio nacional. El periódico Hoy presenta un resumen de las posturas a favor y en contra de esta histórica determinación que impacta la economía y los recursos naturales de la región sur.
Sanjuaneros celebraron la victoria ciudadana tras la paralización de la minería en la provincia. La decisión fue recibida con alivio por quienes temían por la seguridad hídrica de la zona.
La principal preocupación de los residentes giraba en torno a la protección de los ríos y la garantía de que el agua, vital para la agricultura y el consumo humano, no se viera contaminada por sustancias químicas derivadas de la extracción minera en las montañas.
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Familias de comunidades aledañas agradecieron la intervención del Ejecutivo, asegurando que proteger a San Juan es sinónimo de proteger la seguridad alimentaria de toda la República Dominicana. Reafirmaron su compromiso de seguir vigilantes para evitar que el ecosistema sea vulnerado en el futuro.
Los comunitarios resaltaron que este triunfo sienta un precedente clave para el activismo ambiental en el país, demostrando que el bienestar colectivo debe prevalecer siempre sobre los intereses particulares de las corporaciones extractivas.
El Frente Amplio respaldó la medida presidencial, calificándola como un acierto necesario para la protección de la soberanía ambiental y el respeto a la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
La organización política reconoció que el retroceso del proyecto es producto de la incansable lucha de las organizaciones sociales, campesinas y ambientales que se mantuvieron firmes defendiendo el territorio sanjuanero.
La dirigente María Teresa Cabrera enfatizó que este logro demuestra que la movilización ciudadana sigue siendo el motor de los grandes cambios sociales y la garantía de defensa de los recursos naturales en la nación.
En esa línea, el Frente Amplio subrayó que la presión popular ha sido el factor determinante para que el Estado escuche el clamor de las comunidades que exigen un desarrollo sostenible y responsable.
Por otro lado, el sector empresarial manifestó su desacuerdo con la paralización, argumentando que el país pierde una oportunidad clave para impulsar una minería responsable que equilibre la inversión económica con los estándares ambientales actuales.
Mientras tanto, el reconocido ambientalista Luis Carvajal advirtió que, aunque la suspensión es una victoria para San Juan, es urgente realizar una reforma profunda a la ley minera y revisar el modelo de concesiones en la República Dominicana.
«Hay que revisar el marco en que se conceden las concesiones y un análisis y actualización de la ley minera obligatoriamente», afirmó Carvajal, reconociendo el papel clave de la presión social en este resultado.
El mandatario justificó su postura basándose en la Ley 64-00 de Medioambiente, estableciendo que un proyecto de tal magnitud carece de viabilidad social y legal cuando existe un rechazo masivo por parte de la población afectada.
