Expertos exigen un rol protagónico de las universidades dominicanas ante la crisis de inseguridad, subrayando que la academia debe dejar de ser solo un centro de estudios para convertirse en un motor de soluciones reales contra la delincuencia en el país.
Este fue el tema central del cuarto panel del Foro Contra el Crimen y la Violencia, realizado en la UASD, donde especialistas del sector jurídico, académico y político debatieron salidas urgentes al problema.
El exjuez del Tribunal Constitucional, Alejandro Moscoso Segarra, afirmó que las casas de altos estudios deben trascender la enseñanza tradicional para liderar el cambio social.
Alejandro Moscoso Segarra
“La universidad tiene la misión de formar ciudadanos capaces de transformar la realidad nacional”, puntualizó durante su intervención.
El jurista recalcó que la política criminal no es solo responsabilidad del Estado ni se limita a la persecución penal: “Es la respuesta integral que toda la sociedad debe organizar frente a la criminalidad”.
“La seguridad no puede depender exclusivamente de los organismos tradicionales del sistema penal”, sentenció.
Moscoso Segarra abogó por un enfoque científico para frenar la delincuencia, involucrando a todos los sectores en una estrategia institucional efectiva.
Entre sus propuestas clave, destacó la creación de observatorios universitarios de criminalidad, clínicas jurídicas para apoyo a víctimas y una actualización profunda de los planes de estudio en criminología.
Al comparar la situación con países como Finlandia o Costa Rica, enfatizó: “La verdadera salida no está en el populismo penal ni en la mano dura, sino en la educación, la cohesión social y la inversión”.
El académico Claudio Mejía Medrano coincidió en que las universidades deben posicionarse como aliados estratégicos para frenar la violencia.
Caludio Aníbal Medrano Mejía
“Debemos articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado y la academia para generar soluciones prácticas que impacten en los barrios”, expresó.
El experto insistió en que el conocimiento generado en las aulas debe ser útil para resolver los problemas reales que enfrentan los dominicanos.
Mejía Medrano lanzó la propuesta de una red nacional de observatorios de criminalidad para monitorear el fenómeno con alta precisión.
“Un observatorio unificado entre universidades nos daría una capacidad de respuesta extraordinaria ante el delito”, aseguró.
Por su parte, el comisionado ejecutivo Luis García se enfocó en la reforma policial y la confianza ciudadana, señalando que la tecnología es insuficiente sin el apoyo de la gente.
Luis Ernesto García
“El vínculo entre la comunidad y las autoridades es la clave del éxito en seguridad ciudadana”, dijo.
García criticó que muchas políticas de seguridad actuales se diseñen en oficinas, lejos de la realidad de las calles y sin un enfoque multidisciplinario.
Propuso una nueva Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana para modernizar los mecanismos de resolución de conflictos pacíficos.
“Los conflictos sociales no siempre deben tratarse como delitos con persecución penal”, añadió.
Pelegrín Castillo, líder de la Fuerza Nacional Progresista, alertó sobre la ciberseguridad y la soberanía territorial ante el crimen organizado.
Pelegrín Castillo
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“Necesitamos blindar al país con un escudo cibernético frente a las amenazas del exterior y regular el mercado de telefonía sin control”, demandó.
Castillo abogó por fortalecer la frontera con tecnología avanzada y la creación de un servicio social obligatorio para integrar a la juventud.
“Contamos con casi tres millones de jóvenes que deben ser parte del desarrollo y la seguridad nacional”, señaló.
Finalmente, Víctor Garrido, de Adesinc, planteó la integración definitiva de las empresas de seguridad privada como un brazo de apoyo para la seguridad pública.
Víctor Garrido
Garrido propuso un marco legal moderno para que el personal de vigilancia actúe como «primeros respondedores», ayudando a reducir el miedo que afecta a la gran mayoría de los ciudadanos.
“Tenemos 180 millones de horas de vigilancia anual que hoy están desperdiciadas por la falta de una normativa que nos vincule estratégicamente con el Estado”, concluyó.
