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Como parte de las acciones para fomentar una movilidad urbana sostenible, el 3 de junio de 2020 el Gobierno habilitó la ciclovía en el Distrito Nacional, un tramo de 8 kilómetros que conecta el parque Independencia, la avenida Simón Bolívar, la Enrique Jiménez Moya y el Mirador Sur. El objetivo era facilitar el transporte en bicicleta y ofrecer una alternativa de salud para los dominicanos.
En plena pandemia del covid-19, la entonces directora del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos, presentó esta iniciativa junto a la alcaldesa Carolina Mejía, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales sobre el distanciamiento social. Sin embargo, a cinco años de su implementación, la realidad en las calles es muy distinta.
Para Freddy Cabrera, residente de la zona y testigo diario del desorden en el tránsito, la ciclovía ha sido un fracaso absoluto. Según explica, el espacio no cumple su función, ya que ha sido tomado por motoristas y conductores que ignoran las leyes de tránsito.
Todo tipo de vehículos viola la ciclovía impunemente.
A su juicio, tras más de un lustro, el uso por parte de ciclistas es mínimo, mientras que los conductores la utilizan como carril extra, violando descaradamente el artículo 156 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La violación a la ley es constante; esta imagen muestra la situación en la avenida Enrique Jiménez Moya.
La normativa es clara: «el uso de las ciclovías será exclusivo para los ciclistas», y los infractores se exponen a multas equivalentes a un salario mínimo del sector público. No obstante, en la práctica, estas sanciones brillan por su ausencia.
Cabrera señala que en horas pico, como de 7:30 a 9:00 de la mañana y de 4:30 a 6:00 de la tarde, es el caos total: carros de concho, minibuses y motores invaden el carril exclusivo para avanzar en medio de los tapones.
Durante el recorrido, se confirmó que el desorden impera en la vía.
«No tiene sentido tener una vía habilitada para que transiten vehículos de manera ilegal», sostiene Cabrera, quien denuncia que la falta de fiscalización ha convertido la infraestructura en un adorno inútil.
Por su parte, Danibel López coincide en que el proyecto nunca logró su propósito. «Si algún ciclista pasa por ahí en hora pico, está arriesgando su vida», advierte, señalando que la falta de consecuencias para los infractores fomenta que la invasión de la vía sea una práctica cotidiana.
Como solución, algunos ciudadanos proponen reubicar la infraestructura a parques o zonas recreativas donde realmente puedan circular con seguridad sin chocar con el agresivo tránsito de la capital.
Durante un recorrido de varios días, el periódico Hoy pudo constatar cómo decenas de conductores, incluyendo transporte público y privado, transitan por la ciclovía ante la mirada indiferente de la Digesett.
Decenas de vehículos ignoran la ley en el tramo reservado para bicicletas.
A pesar de la frustración, muchos usuarios opinan que la solución no es eliminar la ciclovía, sino que las autoridades finalmente se pongan los pantalones y apliquen la ley para garantizar el orden.
El periódico Hoy solicitó una versión oficial del Intrant y la Digesett sobre este desorden, pero tras una semana de espera, ambos departamentos de comunicaciones solo han dado largas sin ofrecer respuestas concretas.
