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El polémico aporte de RD$20 por habitante a los ayuntamientos en República Dominicana se ha convertido en el centro de un intenso debate nacional. Este mecanismo de financiamiento fue creado para garantizar que las alcaldías cuenten con recursos suficientes para ofrecer servicios básicos, especialmente en la recogida de basura y programas comunitarios.
El pago no es un impuesto directo a la gente, sino que lo asumen entidades industriales, comerciales y gubernamentales, representando menos del 0.35 % de sus ingresos y siendo deducible del Impuesto sobre la Renta. Con ello, se busca fortalecer la autonomía financiera de los municipios y asegurar la gestión local.
La controversia surge a raíz de una propuesta en el Congreso que plantea sustituir el esquema fijo por un sistema proporcional, donde las contribuciones dependerían del tipo de negocio y del volumen de desechos generados. El proyecto también contempla excluir del pago a las organizaciones sin fines de lucro.
La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) ha rechazado la iniciativa, advirtiendo que eliminar el aporte debilitaría la capacidad de los ayuntamientos para cumplir con sus funciones y afectaría la calidad de los servicios municipales. Según el organismo, los RD$20 han sido vitales para la operatividad de los gobiernos locales y el bienestar de los ciudadanos.
