Ante el descontento generalizado por el impacto de la actual Ley de Residuos Sólidos, que apenas cumple un año de vigencia, el Senado ha conformado una comisión especial para acelerar una reforma que alivie la carga impositiva sobre el sector comercial dominicano.
Las nuevas propuestas legislativas buscan flexibilizar los cobros, transitando de un modelo basado en las ganancias de los negocios a uno enfocado en el volumen real de desechos generados, una medida que busca evitar que la normativa sea percibida como una presión fiscal excesiva.
Aunque la mayoría de los artículos de la Ley 98-25 se mantienen vigentes, los mecanismos de cobro han forzado a los poderes Ejecutivo y Legislativo a buscar un consenso que satisfaga las demandas de empresarios y comerciantes en todo el país.
La comisión especial encargada de estudiar estas modificaciones está integrada por los senadores Guillermo Lama, Gustavo Lara, Antonio Marte, Aneudy Ortíz, Lía Díaz, Félix Bautista, Julito Fulcar, Alexis Victoria Yeb, Dagoberto Rodríguez, Ginnette Bournigal y Aracelis Villanueva.
Detalles de las propuestas
Una de las iniciativas, presentada por el senador Edward Espiritusanto, propone que el pago por recolección de residuos se ajuste proporcionalmente a la cantidad de basura producida, eliminando el cálculo sobre los beneficios netos del establecimiento.
La propuesta sugiere establecer tasas que oscilen entre el 0.25 % y el 1.5 % de la renta neta anual para aquellos negocios que generan mayores volúmenes de desperdicios.
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Por otro lado, el proyecto de ley del senador Cristobal Venerado Castillo plantea una reducción directa en las tarifas. De concretarse, los pagos oscilarían entre 1,500 y 337,500 pesos, una rebaja significativa frente a los montos actuales que llegan hasta los 675,000 pesos.
Reclamo del sector comercial
Tras las constantes denuncias de comerciantes que califican los actuales cobros como abusivos, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, se comprometió a gestionar una reforma integral que sería presentada ante el Congreso antes de finalizar la legislatura en julio.
Durante encuentros recientes con el liderazgo congresual, sectores clave como la Federación Dominicana de Comerciantes, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, la Central de Detallistas Unidos y representantes del sector ferretero, insistieron en la urgencia de ajustar la Ley 98-25 a la realidad económica actual, evitando que las tasas por manejo de residuos comprometan la estabilidad de las empresas.
