El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, sometió este miércoles ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca reformar el polémico Código Penal, eliminando la cárcel por casos de difamación e injuria que han generado tanto debate en el país.
Durante un encuentro con la prensa tras la sesión legislativa, el senador propuso que el artículo 208, sobre difamación, solo sancione la imputación pública de hechos falsos que dañen el honor ajeno, eliminando términos ambiguos que ponen en riesgo la libertad de expresión.
«Proponemos que la sanción penal se limite a las imputaciones falsas realizadas de forma dolosa, eliminando así el miedo a la prisión por opinar», señaló.
- En ese sentido, las penas de cárcel serían reemplazadas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y la debida reparación civil por los daños causados.
Sobre el artículo 209, referente a la difamación extorsiva, Taveras propuso su derogación por ser redundante, planteando en su lugar la figura de difamación agravada.
«Buscamos mayor claridad jurídica», indicó.
La propuesta reduce drásticamente las penas actuales, pasando de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año cuando la difamación sea usada para chantaje o beneficios indebidos.
Asimismo, planteó modificar el artículo 210 sobre injuria, protegiendo el derecho a la libertad de opinión y garantizando que la intervención penal sea el último recurso ante conductas graves.
La iniciativa elimina la cárcel en estos casos, estableciendo únicamente multas económicas y la reparación por la vía civil.
De igual forma, el senador fue enfático en que el artículo 212 debe ser blindado para impedir que se ordene el cierre de medios de comunicación, la incautación de sus equipos o cualquier medida que vulnere el libre ejercicio del periodismo.
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Contra los privilegios de los funcionarios
El legislador también propuso eliminar el artículo 310, que castiga el ultraje a funcionario público.
«Este artículo crea una protección penal privilegiada para quienes ostentan cargos públicos, algo que contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley. Los funcionarios debemos estar sujetos al escrutinio ciudadano sin escudarnos en leyes especiales», sostuvo Taveras.
Modernización y democracia
El senador aseguró que estas modificaciones son vitales para modernizar el sistema judicial dominicano y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.
- «Ya habíamos manifestado nuestra oposición a estos artículos en la comisión especial y hoy insistimos en su reforma para proteger la democracia dominicana», afirmó.
Las propuestas de modificación a la Ley 74-25 serán evaluadas por una comisión especial, según informó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
