A menos de tres meses para la entrada en vigor del nuevo Código Penal, pautado para agosto, crece la tensión política y el debate sobre si es urgente modificar la pieza antes de su aplicación o esperar a que comience a ejecutarse.
El conflicto se encendió tras las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien sugirió como «conveniente» revisar la legislación tras más de veinte años de espera en el Congreso Nacional.
En los pasillos legislativos las posturas están divididas. Diputados como Ramón Bueno y Amado Díaz apuestan por dejar que la ley se aplique primero y luego realizar los ajustes necesarios, basándose en la experiencia de otras normativas como la Ley del DNI.
En la acera de enfrente, figuras como Charlie Mariotti y Eugenio Cedeño advierten que el periodo de vacatio legis está diseñado precisamente para sanar errores, calificando de «error» permitir que una norma con posibles fallas entre en vigencia.
El diputado Ramón Bueno (PRM) defiende que el camino correcto es ver la aplicación en terreno y recoger las sugerencias de los sectores afectados para luego tramitar los cambios ante el Congreso, un método que considera eficiente y probado.
Vacatio legis
Por otro lado, el diputado Eugenio Cedeño (PRM) insiste en que desaprovechar el tiempo de vacatio legis es una negligencia. Cedeño puso el dedo en la llaga al criticar el cúmulo de penas y la falta de mecanismos claros para la revisión de condenas, lo que a su juicio atenta contra la reinserción social.
Mientras, Amado Díaz, vocero del PRM, califica como «prematuro» cualquier cambio ahora, argumentando que las leyes son dinámicas y podrán ajustarse conforme la realidad lo demande en el futuro.
Antes de entrar en vigencia
El legislador Charlie Mariotti (PLD) adoptó una postura más radical, denunciando que el Código Penal arrastra «abusos y excesos» que ponen en riesgo el Estado de derecho. El exsenador recordó que votó en contra y lamentó que el tiempo otorgado para corregir la pieza se esté desperdiciando.
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Mariotti encendió las alarmas sobre temas sensibles, como la responsabilidad penal de partidos políticos, iglesias y otras personas jurídicas, puntos que considera deben ser depurados antes de agosto.
Con el reloj en contra, el Congreso dominicano se encuentra en una encrucijada crítica: corregir sobre la marcha o ajustar ahora para evitar una crisis legal cuando el código sea ley.
