Un fuerte bloque opositor de legisladores depositó la mañana de ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra una polémica disposición del Presupuesto General del Estado 2026 que mantiene el congelamiento del ISR, impidiendo el ajuste salarial por el costo de la vida.
El recurso fue presentado por los senadores Félix Bautista y Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo; el diputado Charlie Mariotti, del PLD; y el diputado Ramón Raposo, del PRD, junto a otros líderes de la oposición dominicana.
La acción legal impugna el artículo 45 de la Ley de Presupuesto, denunciando que se suspende nuevamente la indexación salarial por inflación, una medida que impacta directamente el bolsillo de los empleados que pagan el Impuesto Sobre la Renta.
La ofensiva legal
Los legisladores sostienen que el bloqueo sistemático de la indexación por inflación vulnera los derechos fundamentales del sistema tributario en República Dominicana.
En primer lugar, citan el artículo 75.6 de la Constitución, que establece que el ciudadano debe tributar según su capacidad contributiva. A su juicio, mantener la escala del ISR estática obliga a los trabajadores a pagar impuestos sobre salarios que han perdido poder adquisitivo por la inflación.
El recurso también cuestiona que se use la ley de presupuesto para anular este beneficio tributario. Señalan que el artículo 37 de la Ley 423-06 es claro al dictar que las normas presupuestarias son transitorias y no deben modificar de forma permanente las leyes impositivas vigentes.
Finalmente, los accionistas alegan que esta práctica crea inseguridad jurídica, pues aunque el Código Tributario manda a actualizar el monto exento de ISR, el Gobierno lo bloquea cada año en el presupuesto.
El sueldo afectado
Actualmente, el impuesto sobre la renta se aplica a quienes devengan más de 416,220.01 pesos anuales, lo que representa unos 34,685 pesos mensuales.
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De acuerdo con el Código Tributario, ese tope debe subir cada año según la inflación, evitando que un aumento de sueldo nominal se convierta en un castigo fiscal para el trabajador.
Sin embargo, desde 2017 los presupuestos incluyen un «candado» que suspende este alivio, dejando congelado el umbral del impuesto mientras los precios de la canasta básica siguen subiendo.
Según el documento ante el TC, esta práctica hace que miles de trabajadores con ingresos reales estancados terminen pagando un ISR que no les corresponde.
La situación es crítica debido a que el límite del impuesto está ya muy cerca del salario mínimo del sector privado, que se sitúa en 29,988 pesos mensuales, reduciendo el margen de alivio financiero para la clase trabajadora.
El presidente Luis Abinader ha advertido que aplicar la indexación salarial generaría un hueco importante en las finanzas públicas, obligando al Estado a buscar nuevas fuentes de ingresos.
El mandatario señaló que, aunque la indexación es una medida justa, su ejecución implica recortes en otras áreas. Por su parte, Hacienda estima que liberar el ajuste del ISR reduciría las recaudaciones en unos RD$25,000 millones anuales, por lo que plantean que el debate debe ir a una reforma fiscal integral.
