Por Pía Riggirozzi y Natalia Cintra
En un mundo marcado por crisis migratorias, fronteras blindadas y un orden global en plena transformación, la gestión de la movilidad humana se ha convertido en el desafío geopolítico definitivo. La migración no es solo un tema humanitario; es el escenario donde se definen las nuevas reglas del liderazgo internacional. Brasil emerge como un actor clave gracias a su tradición diplomática y sus leyes migratorias progresistas, posicionándose como un referente para una gobernanza más humana y con enfoque de género. Sin embargo, detrás de la retórica, Brasil enfrenta el reto de cerrar la brecha entre sus leyes y la difícil realidad que viven miles de personas migrantes, especialmente las mujeres.
La migración en el siglo XXI está marcada por desigualdades extremas. Para millones, desplazarse implica enfrentar fronteras militarizadas, redes criminales y sistemas administrativos que excluyen a quienes más protección necesitan. La acogida actual es, a menudo, fragmentaria, racializada y limitada por visiones restrictivas sobre quién tiene derecho a una vida digna.
Las mujeres migrantes son las más vulnerables: sufren violencia de género, exclusión en servicios de salud, precariedad laboral y barreras institucionales. Estos riesgos no son casuales, son el resultado de políticas migratorias que aún ignoran las dimensiones de género en el desplazamiento humano.
Migración: el laboratorio del nuevo orden global
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El sistema multilateral atraviesa una crisis profunda y la migración es su cara más visible. La gobernanza de la movilidad se ha vuelto un laboratorio del nuevo orden global por tres motivos clave.
Primero, la fragmentación del multilateralismo. Los Estados optan hoy por respuestas unilaterales y restrictivas. Aunque existen pactos globales, la realidad es que el asilo se reduce, las fronteras se cierran y la política migratoria se subordina a intereses nacionales estrechos, debilitando la cooperación internacional.
Segundo, la securitización de la migración. Cada vez más, los países gestionan la movilidad como una amenaza a la seguridad nacional. Incluso los programas humanitarios funcionan como mecanismos de control y vigilancia que limitan la autonomía de los migrantes, tratando la crisis humana como un problema de seguridad pública.
Tercero, el desplazamiento se desplaza al Sur Global. América Latina es hoy epicentro de una de las mayores crisis migratorias del mundo: la salida de millones de venezolanos. Países como Brasil, Colombia y Perú han tenido que liderar respuestas sin precedentes, reconfigurando el mapa de la gobernanza migratoria mundial.
Brasil y el desafío de un liderazgo migratorio regional
Brasil destaca por su peso diplomático y su capacidad de mediación. Con marcos normativos avanzados y la Operação Acolhida, el país ha logrado equilibrar asistencia humanitaria y regularización, convirtiéndose en un modelo de gestión regional frente al éxodo venezolano. Su liderazgo es innegable, pero no está exento de retos.
Existe una distancia notable entre la teoría legal y la experiencia cotidiana del migrante. A menudo, las respuestas estatales se convierten en nuevas formas de control que frenan la integración social y económica. Además, las políticas de género siguen siendo insuficientes; los riesgos que enfrentan las mujeres en el tránsito y el destino —salud reproductiva, cuidados y violencia— no están plenamente integrados en los planes de respuesta.
Si Brasil quiere consolidar su influencia en el orden global, su liderazgo debe ir más allá de la geopolítica tradicional. La verdadera prueba de su éxito será su capacidad para garantizar dignidad, autonomía y protección real a las personas en movimiento. La protección de las mujeres migrantes no es un detalle menor, es el indicador fundamental de si estamos ante una gobernanza migratoria realmente humana y justa.
