Bunia, epicentro de una nueva crisis por Ébola en la República Democrática del Congo (RDC), enfrenta una situación crítica marcada por el negacionismo, la inestabilidad social y una grave falta de recursos médicos tras la declaración del brote el pasado día 15.
La enfermedad avanza sin control y, según cifras oficiales, ya se registran 204 muertes probables y 867 casos sospechosos en la región.
Bunia, con cerca de 693.000 habitantes, vive días de alta tensión. Jean Mari Ezadri, coordinador de la sociedad civil local, advirtió a EFE sobre la desconfianza de una parte de la población: Muchos sectores, apegados a tradiciones, ven el virus como una invención.
Esta incertidumbre provocó disturbios violentos, incluyendo el incendio de carpas en el Hospital General de Referencia de Rwampara, tras la negativa de familiares a seguir protocolos de seguridad al enterrar a una víctima del virus.
El ministro de Comunicación, Patrick Muyaya, confirmó que la seguridad ha sido reforzada en los centros médicos para proteger al personal y asegurar el tratamiento de los pacientes.
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El enfermero Jules Bagira, desde la zona sanitaria de Rwampara, alerta sobre la velocidad del contagio: Atendemos entre diez y dieciséis personas al día. La capacidad hospitalaria está al límite y necesitamos con urgencia centros de recepción adicionales.
Aunque el personal sanitario trabaja bajo presión extrema para tratar síntomas críticos como fiebre y diarrea, la falta de suministros básicos es una realidad preocupante.
Autoridades y líderes comunitarios han intensificado las campañas de concienciación en taxis, escuelas y templos para frenar la expansión de la cepa Ébola Bundibugyo, la cual carece actualmente de vacuna autorizada y presenta una letalidad de hasta el 50 por ciento.
La crisis se agrava por la escasez de equipos de protección individual (EPIs). Los enfermeros denuncian que la falta de guantes, botas e impermeables los expone directamente al contagio mientras cumplen con su labor.
El panorama humanitario en Ituri es alarmante debido a la presencia activa de grupos armados como las ADF y Codeco, que operan en zonas mineras de oro. Estos conflictos han generado más de 273.000 desplazados, complicando aún más la respuesta sanitaria.
Ezadri ha solicitado medidas urgentes para trasladar casos confirmados de zonas de riesgo como Mungwalu hacia Bunia, subrayando que la inestabilidad armada en la región vuelve impredecible cualquier protocolo de emergencia.
