Nueva Delhi. Masooma Ranalvi tenía 7 años cuando su abuela cambió la promesa de un helado por el filo de una cuchilla, un trauma que décadas después la ha llevado a denunciar la mutilación genital femenina (MGF) ante el Tribunal Supremo de la India. Los jueces deben decidir este mes si esta práctica vulnera los derechos humanos o está protegida por la libertad religiosa.

El activismo de Ranalvi comenzó tras conocer un caso en Australia donde una madre y un líder comunitario fueron condenados por practicar la ablación a menores. Aquella sentencia rompió el silencio sobre una tradición que la comunidad Dawoodi Bohra ha extendido por todo el mundo.

Hoy, tras ocho años de batalla legal, su testimonio es clave para prohibir esta violación de los derechos de las niñas. El caso es un enfrentamiento directo entre la integridad física y los argumentos de quienes defienden este rito como un supuesto acto de pureza.

«El silencio es la cultura. Crecimos pensando que debíamos ocultar lo que nos hicieron», confiesa Ranalvi a EFE sobre el secreto impuesto en su comunidad.

La práctica, conocida como khatna, es clasificada por la OMS como mutilación Tipo 1. Aunque el Gobierno indio sostiene que no hay datos oficiales sobre su existencia en el país, las supervivientes denuncian que el Estado evita documentar el problema para no actuar legalmente contra la costumbre.

«Los datos no caen del cielo. Hemos presentado pruebas, pero el Gobierno sigue negando la realidad», denuncia la activista.

El trauma y la lucha por la justicia

Al relatar aquel día, Ranalvi recuerda el miedo y la inmovilización forzada. Pasaron 40 años hasta que pudo poner nombre a su sufrimiento, un proceso marcado por la presión de una jerarquía religiosa que castiga a quienes disienten con el ostracismo social.

Para romper este círculo, Masooma fundó WeSpeak Out, la organización que hoy lidera la lucha de miles de mujeres. Según sus informes, el 75 % de las mujeres Bohra han sufrido esta violencia, ejecutada frecuentemente por profesionales de la salud dentro de la propia comunidad.

Actualmente no existe una ley específica en la India que prohíba la ablación, por lo que las activistas exigen justicia bajo las leyes de protección infantil y el código penal por lesiones graves.

«El fallo puede tardar, pero ya no hay vuelta atrás. He roto el silencio y ahora es el momento de proteger a las nuevas generaciones», concluye.