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Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la polémica política del Gobierno de Donald Trump que impone un cobro de 100,000 dólares a las nuevas visas H-1B, un duro golpe legal para los planes migratorios del mandatario que afecta a miles de profesionales dominicanos y extranjeros.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, justificó la medida en septiembre pasado asegurando que buscaba presionar a las grandes empresas tecnológicas para que dejen de contratar mano de obra internacional y prioricen a los trabajadores locales.
Sin embargo, el magistrado Leo Sorokin falló a favor de una coalición de 20 estados, liderada por California, determinando que la Administración Trump se extralimitó en sus funciones al implementar este impuesto sin la aprobación necesaria del Congreso.
Las visas H-1B, vitales para el talento altamente cualificado, mantienen un límite anual de 65,000 permisos, con 20,000 plazas adicionales destinadas a quienes poseen maestrías en Estados Unidos.
En su resolución de 42 páginas, el tribunal de Boston fue contundente: calificó el pago exigido como un impuesto ilegal que carece de sustento constitucional.
La noticia ha generado alivio en sectores clave de la economía estadounidense. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) había advertido que esta barrera económica no solo perjudicaba al sector tecnológico, sino también a industrias esenciales como la salud, la agricultura y las energías renovables.
Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, tildó la propuesta de Lutnick como una estrategia diseñada para generar caos en el sistema migratorio estadounidense.
Los expertos legales criticaron la falta de transparencia y comunicación de la Casa Blanca, que mantenía en vilo a miles de peticionarios sobre los requisitos y las posibles exenciones de este polémico cobro.
