El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la histórica Ley 25-26, que establece la creación del sistema «Alertas RD» para la búsqueda urgente de personas desaparecidas en la República Dominicana.
Esta nueva ley dota al país de un protocolo ágil y obligatorio para dar una respuesta inmediata ante casos de desaparición, priorizando la seguridad y la protección de los ciudadanos más vulnerables en todo el territorio nacional.
El mecanismo permite la difusión masiva y en tiempo real de información crucial, uniendo esfuerzos entre instituciones estatales, medios de comunicación y toda la ciudadanía para localizar personas en tiempo récord.
Activación inmediata y tipos de alertas en RD
La Ley 25-26 ordena a la Policía Nacional y al Ministerio Público activar las alarmas de inmediato, sin esperar periodos de espera, tras el reporte de desaparición o riesgo inminente.
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El sistema clasifica las alertas según el perfil para una búsqueda más eficiente:
Alerta Amber: Exclusiva para la protección y búsqueda de niños, niñas y adolescentes.
Alerta Silver: Enfocada en la localización rápida de adultos mayores de 65 años.
Alerta Azul: Activada para personas con discapacidad física o mental que requieran asistencia.
Alerta Rosa: Diseñada específicamente para mujeres en casos de violencia de género o peligro inminente.
Difusión masiva y Registro Nacional
Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días, renovables, y se difundirán por redes sociales, medios tradicionales, terminales de transporte y plataformas digitales en toda la República Dominicana.
Además, se crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada bajo la supervisión de la Policía Nacional que permitirá un seguimiento eficaz, protegiendo siempre la intimidad de los afectados.
Gobernanza y consecuencias por negligencia
La ley crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrado por las principales autoridades del país, incluyendo el Ministerio de Interior y Policía, el 9-1-1, CONANI, CONAPE y otros organismos clave de seguridad y salud.
La normativa es estricta: los funcionarios que omitan o dificulten los protocolos de búsqueda serán sancionados bajo la Ley de Función Pública, asegurando que no haya impunidad ante la desatención de estos casos.
Con esta implementación, República Dominicana refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección integral de cada dominicano y dominicana.
