El trágico asesinato de una adolescente en un hogar de paso del CONANI ha encendido la indignación en República Dominicana, abriendo un fuerte debate sobre la impunidad, las penas a menores y la alarmante negligencia del Estado en la custodia de niños vulnerables.
La Ley 136-03, que rige el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que la sanción máxima para menores es de apenas ocho años. La normativa clasifica las penas según la edad: los menores de 13 años son inimputables, mientras que los jóvenes de 13 a 15 años enfrentan hasta cinco años de prisión, y los de 16 a 18 años pueden recibir hasta ocho años.
El abogado Yan Carlos Abad explicó que este crimen escala la responsabilidad hacia las autoridades, permitiendo que los familiares de la víctima demanden al Estado por la falta de seguridad en centros donde los menores deberían estar protegidos.
El abogado Yan Carlos Abad
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“El Estado tiene una responsabilidad institucional directa, ya que bajo un régimen de protección especial, hechos tan violentos no deberían ocurrir nunca”, sentenció el jurista.
Este caso pone al descubierto la crisis en los protocolos de vigilancia del CONANI y las graves fallas del sistema para garantizar la integridad física de los menores a su cargo, cuestionando si las instituciones actuales son centros de protección o espacios de riesgo.
Expertos señalan que la violencia desenfrenada entre adolescentes es reflejo de traumas abandonados y de un sistema de acompañamiento emocional que ha colapsado. La falta de supervisión adecuada permitió que esta tragedia ocurriera en un centro que debería ser un refugio seguro.
Diversas organizaciones sociales exigen justicia y una reforma urgente, señalando que la responsabilidad del Gobierno va mucho más allá de sancionar a los autores: se trata de asegurar que ningún niño más pierda la vida bajo custodia estatal.
El país sigue conmocionado ante este caso, que ha reactivado la exigencia nacional de revisar la Ley 136-03 y demandar cuentas claras sobre la capacidad del Estado dominicano para proteger a la niñez más vulnerable.
Este asesinato se ha convertido en un símbolo de la crisis del sistema de protección infantil en República Dominicana, obligando a las autoridades a enfrentar la realidad de unos hogares de paso que, hoy por hoy, fallan en su misión principal.
