Miles de productos vencidos, carnes podridas y bebidas con fechas alteradas fueron incautados en un almacén de San Cristóbal que operaba como un centro de reetiquetado ilegal de mercancías peligrosas para la salud, según reveló el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.
El funcionario calificó el hallazgo como una práctica abominable y explicó que la estructura criminal compraba productos expirados para borrarles las fechas y estamparles nuevas etiquetas utilizando equipos industriales de alta tecnología.
Detalló que, tras un operativo de inteligencia, fueron decomisadas toneladas de alimentos, bebidas no aptas para el consumo y alcohol que se presume estaba adulterado.
La intervención fue posible gracias a un trabajo de inteligencia coordinado con el Ministerio Público y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), logrando desmantelar el centro de distribución desde donde salía la mercancía hacia distintos puntos del país.
La modalidad consistía en adquirir artículos desechados, borrarles la vida útil y reetiquetarlos con aparatos modernos para engañar a los consumidores dominicanos, explicó Alcántara.
Asimismo, las autoridades encontraron grandes volúmenes de carnes en estado de descomposición, las cuales eran procesadas y condimentadas para ser comercializadas como embutidos, poniendo en riesgo la vida de miles de familias.
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Debido a la peligrosidad del hallazgo, el local fue clausurado de forma definitiva, toda la mercancía fue destruida y el propietario, quien contaría con antecedentes penales, fue arrestado y sometido a la acción de la justicia.
El funcionario advirtió que el dueño del establecimiento enfrentará todo el peso de la ley por poner en peligro la salud pública.
los decomisos más frecuentes
Al referirse a los golpes contra el comercio ilícito, Alcántara señaló que Pro Consumidor incauta regularmente productos sin registro sanitario, alimentos con moho, mercancías invadidas por plagas y artículos almacenados en condiciones insalubres.
El director explicó que otra modalidad peligrosa es la venta de agua embotellada expuesta al sol y la comercialización de bebidas alcohólicas falsificadas que cobran vidas en el territorio nacional.
En estos casos, la entidad trabaja de la mano con el CECCOM y el Ministerio Público para sacar de los colmados y supermercados estos productos que atentan contra la salud de la población.
Alcántara enfatizó que la lucha contra el alcohol adulterado ha sido una prioridad de su gestión para prevenir tragedias masivas.
Recordó que, en años anteriores, las muertes por bebidas ilegales superaban las 250 víctimas anuales, cifras que han sido reducidas drásticamente tras los controles implementados por las autoridades.
Actualmente, los protocolos de vigilancia han permitido reducir a cero la tasa de letalidad por alcohol adulterado, aseguró el titular de la institución.
investigaciones abiertas
Sobre el caso de San Cristóbal, Alcántara indicó que las investigaciones siguen abiertas para identificar a posibles cómplices y otros almacenes clandestinos.
El funcionario recordó que las multas por estas violaciones pueden alcanzar hasta 500 salarios mínimos y, en casos de reincidencia o gravedad extrema, la sanción económica podría duplicarse.
Finalmente, aclaró que la falsificación de etiquetas y la alteración de fechas de vencimiento son delitos graves que el Ministerio Público está llevando ante los tribunales para sentar un precedente en el país.
