Santo Domingo, D. N., 10 de junio de 2026.– La diputada por Puerto Plata, Dra. Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó este miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca blindar la libertad de expresión en la República Dominicana, modificando artículos clave del nuevo Código Penal que amenazan con criminalizar la opinión, la crítica y el ejercicio del periodismo.
Con este movimiento estratégico, la legisladora refuerza su lucha contra la censura, sumando esta propuesta a su Proyecto de Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión y Prohibición de Censura Previa, presentado el pasado mes de mayo.
El objetivo central de esta iniciativa es evitar que ciudadanos, periodistas y líderes de opinión terminen tras las rejas simplemente por denunciar actos de corrupción, cuestionar a funcionarios o participar activamente en el debate público nacional.
Esta reforma busca establecer un límite claro: proteger el derecho a la libre expresión sin dejar desprotegidas a las víctimas de amenazas reales, chantajes o acoso cibernético.
Ningún dominicano debe ir a prisión por opinar en redes sociales. La crítica y la denuncia son el motor de la democracia. Quien difama con mentiras debe responder, pero el periodismo y la fiscalización ciudadana nunca pueden ser tratados como delitos, afirmó la diputada Pérez durante el depósito del documento.
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Entre los cambios más importantes propuestos destacan:
FIN DE LA CÁRCEL POR DIFAMACIÓN E INJURIA.
Las reformas a los artículos 208 y 210 eliminan la pena de prisión, sustituyéndola por multas y reparaciones. Además, impone un estándar más alto para proteger a los ciudadanos cuando cuestionan a figuras públicas, exigiendo demostrar la intención maliciosa.
ADIÓS AL DELITO DE ULTRAJE A FUNCIONARIOS.
La propuesta modifica los artículos 310 y 311 para eliminar el castigo penal contra expresiones dirigidas a políticos y funcionarios. Se establece que la crítica, por dura que sea, es un derecho protegido y solo serán punibles las amenazas reales y concretas.
PRECISIÓN CONTRA EL CIBERBULLYING Y ACOSO.
Las modificaciones a los artículos 121, 122 y 123 blindan las opiniones y sátiras, garantizando que el acoso sea castigado únicamente cuando sea grave, reiterado y demuestre un daño real, manteniendo penas severas contra el hostigamiento auténtico.
MANO DURA CONTRA EL CHANTAJE DIGITAL.
Los artículos 209 y 309 se mantienen firmes para castigar la extorsión y el chantaje, especialmente cuando se ejecutan mediante granjas de bots o cuentas falsas, protegiendo así la integridad de la ciudadanía frente a la manipulación digital.
Prefiero que el Congreso ajuste estos artículos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule mañana por inconstitucionales. Necesitamos un Código Penal que castigue a los delincuentes, no a los ciudadanos que se atreven a alzar la voz, agregó la congresista.
Pérez recordó que organismos internacionales como la CIDH han sido claros en que los delitos de opinión no deben castigarse con la privación de libertad, alineándose con la visión del Ministerio Público dominicano sobre el uso responsable de las redes sociales.
La legisladora pondrá a disposición de la sociedad civil, gremios periodísticos y universidades la matriz comparativa del proyecto para garantizar una discusión pública transparente y de cara al pueblo.
Defender a las víctimas no puede significar callar al pueblo. El país necesita reglas claras: cárcel para quien amenaza o chantajea, y plena libertad para quien denuncia, fiscaliza e informa, concluyó Pérez.
