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La mafia del combustible permite a las instituciones manejar cientos de miles de tickets y galones de gasolina con controles inexistentes, lo que deriva en el uso discrecional de un botín millonario que escapa al escrutinio ciudadano.
Este beneficio se entrega directamente desde tanques ubicados dentro de la institución, por medio de tarjetas de combustible, como un sobresueldo camuflado al salario o a través de tickets. Estos últimos son vales de papel que permiten al portador abastecerse en las estaciones y los montos indicados.
Los auditores de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República encontraron entidades que gastan este subsidio estatal sin dejar constancia de quién lo recibe, lo asignan a botellas y empleados a quienes no les corresponde o lo entregan en cantidades que violan la ley y que incluso pueden triplicar el sueldo del beneficiario.
Investigaciones publicadas por la Contraloría en el 2022 dimensionan cuán extendidas están estas mañas, con desfalcos detectados por más de 108 millones de pesos en nueve instituciones auditadas: ministerios de la Juventud, de Relaciones Exteriores (Mirex) y de Deportes (Miderec); la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd); el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); el Ayuntamiento de Pedro Brand; el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie); la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
La Contraloría asegura haber remitido sus hallazgos al Ministerio Público, pero no especifica cuáles casos. Lo que sí se sabe es que impera la impunidad y ninguno ha derivado en procesos penales hasta la fecha.
Los tanques
Muchas instituciones optan por despachar gasoil desde tanques privados, un mecanismo que se presta al robo con frecuencia, según revelan las auditorías.
Un ejemplo fue el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), donde se encontraron 464.53 galones de gasoil en el depósito que no figuraban en el sistema de contabilidad, para una diferencia estimada en 111,998.18 pesos.
Tras el levantamiento, realizado a principios del gobierno de Abinader hasta mayo del 2022, la institución prometió que sustituiría al personal encargado de los inventarios por uno más calificado, pero no explicó la causa del descuadre. Ese volumen de gasolina fantasma podía ser utilizado libremente sin dejar rastro.
Las irregularidades en los tickets del CEA eran mayores e involucraban decenas de millones de pesos, según lo que describe a Diario Libre Rafael Burgos Gómez, su actual director.
Asegura que, actualmente, logra abastecer a una flotilla de 340 vehículos con la misma asignación con que se suplía sólo a 45 cuando llegó a la institución, en el 2022, y aun así consiguió que en noviembre del 2025 le quedara un ahorro de 2.5 millones de pesos.
«El parque vehicular del CEA, de Bienes Nacionales, y del ingenio Porvenir aumentó con recursos propios a 340 y tenemos el mismo presupuesto y todavía nos sobra un poquito», señala.
Burgos hace la observación, pero evita hacer acusaciones a su antecesor, César Cedeño, y dice desconocer el destino del carburante. Su gestión utiliza el sobrante de la sede para las operaciones del ingenio, cuyas operaciones están revitalizando.
Un exfuncionario que estuvo a cargo del despacho de combustible en un ministerio durante la gestión de Danilo Medina —quien pidió reservar su identidad— explicó que las ganancias ilícitas obtenidas por quienes despachan en los dispensadores institucionales son tan elevadas que muchos prefieren ese puesto a otros de mayor rango.
Explicó que uno de los métodos usados por los bomberos para sacar dinero consiste en reportar que echaron todo el combustible asignado a un funcionario, aunque el tanque de su yipeta se haya llenado con menos. El excedente se vende por fuera, generando una ganancia neta por unidad.
Paradero desconocido
En un levantamiento realizado entre septiembre del 2020 y agosto del 2021, al Ministerio de la Juventud se le detectaron anomalías en la distribución de tickets de gasolina por un valor de 19,676,250 pesos, cuyos destinatarios son un misterio.
Entre octubre del 2020 y julio del 2021, la Caasd adquirió combustible por 52,418,570 pesos mediante compras fraccionadas, evitando así un concurso público. La identidad de los beneficiarios se desconoce.
El Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) recibió 30 cheques por un valor de 10,677,796.13 pesos, entre septiembre del 2020 y abril del 2021, para el pago de viáticos y combustible a miembros de la avanzada presidencial, sin contar con las firmas de los beneficiarios.
Adicionalmente, se adquirió un millón de pesos en tickets que excedían el presupuesto de la licitación y que fueron recibidos, aunque se desconoce quién se los quedó. «El proveedor suple los montos contratados; lo pendiente es identificar cómo fue distribuido el 1,000,000 de pesos restante, puesto que no hay recibos de entrega», señalaron los auditores.
Además, se asignó a empleados una cantidad de gasolina que superaba el 10 % permitido por ley, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de 517,000 pesos.
El Ministerio de la Juventud nunca explicó el paradero del combustible no justificado y la Contraloría dio por válida esta respuesta: «Se establecieron políticas y procedimientos para la entrega y otorgamiento de tickets de combustible». Al cierre de este reportaje la cartera tampoco había respondido a unas preguntas formuladas por Diario Libre para conocer cuáles fueron esas medidas.
Un problema común identificado en varias instituciones, incluido el Ministerio de Deportes, fue la total falta de control para la asignación de combustible a los servidores públicos.
No saben quién lo recibió
Entre octubre del 2020 y julio del 2021, la Caasd adquirió gasolina por 52,418,570 pesos mediante compras fraccionadas de entre 3,375,940 y 6,985,840 pesos, evitando así un proceso de licitación transparente.
La identidad de los receptores de ese combustible se desconoce, ya que la Caasd se negó a entregar el listado solicitado por la Contraloría. Al cierre de este reportaje, la institución del agua no había respondido a unas preguntas formuladas por Diario Libre sobre cuáles medidas se tomaron tras los hallazgos.
19.7
Es el valor de tickets de combustible cuyos destinatarios no pudieron ser identificados en el Ministerio de la Juventud entre septiembre de 2020 y agosto de 2021.
340
Se abastecen hoy de la misma asignación de combustible que antes solo daba para 45 vehículos en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), según su actual director.
El Ministerio de la Mujer tampoco suministró información completa sobre el manejo de la asignación de combustible entre septiembre del 2020 y agosto del 2021. Ninguna de estas omisiones fue castigada.
El Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) recibió 30 cheques por un valor de 10,677,796.13 pesos entre septiembre del 2020 y abril del 2021 para el pago de dieta y combustible a miembros de la avanzada presidencial, sin contar con las firmas de los beneficiarios.
Asimismo, compró 17,343,296.49 pesos en combustible a la empresa Erick Gas, incumpliendo el proceso de compras y contrataciones al no presentar varios oferentes, según el informe de auditoría.
En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Pedro Brand también presentó graves irregularidades. Entre abril del 2020 y abril del 2021 gastó 5,896,340.33 pesos en combustible que «era suministrado a lo loco», de acuerdo con la auditoría.
Además, entregó 619,550 pesos en combustible al alcalde, adicionales a los 50,000 que recibía mensualmente, y distribuyó 80,170.21 pesos entre personas desconocidas.
Asignaciones ilegales
Varios órganos gubernamentales violan la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, cuando establece que solo los cargos de alto nivel pueden recibir una asignación de gasolina y que ésta nunca podrá sobrepasar el 10 % de su salario.
Una de ellas es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), donde se evidenció la entrega de 346,500 pesos durante un año por concepto de combustible a personas no autorizadas, entre ellas tres choferes, dos asistentes y un supervisor de seguridad.
Su departamento de Prensa informó a Diario Libre que todavía «el área administrativa se encuentra elaborando la respuesta institucional que será remitida a la Contraloría General de la República conforme al proceso establecido».
«Paralelamente, la institución ha dado seguimiento a las observaciones expuestas, en el marco de sus mecanismos internos, con el fin de fortalecer la gestión y el cumplimiento de las Políticas de Beneficios y Compensaciones Laborales», apuntan.
En la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) ocurrió una situación similar, con la asignación de 1,320,000 pesos en combustible a asistentes, técnicos, abogados y otros profesionales. La medida se amparaba en un reglamento interno que violaba la Ley Salarial del Estado.
Ambas auditorías se llevaron a cabo durante el primer año del primer gobierno de Luis Abinader.
Hasta el 350 % del salario
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, defiende la existencia de estos beneficios de combustibles adicionales al salario de los funcionarios públicos.
«Estoy de acuerdo porque eso es parte de su salario. No solo en el sector público. Es una conquista, porque el Estado dominicano no tiene buenos salarios, ni siquiera para los ministros», afirmó en enero pasado durante el segmento Diálogo Libre de este periódico.
Para ese entonces, estudiaba el mecanismo que utilizarán para otorgar este subsidio a los empleados del nuevo Ministerio de Justicia.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) existe una partida mensual de 250,000 pesos para «Imprevistos de combustibles» que se gastaba enterita cada mes y se entregaba sin justificación entre agosto del 2020 y abril del 2021, según una auditoría.
Esta situación despertó la suspicacia de los técnicos de la Contraloría, quienes advirtieron la posibilidad de una malversación de fondos. «Este punto deja a interpretación las políticas para el uso del fondo de imprevistos y la fidelidad de su distribución», recalcaron en su informe.
Al cierre de este reportaje el Mirex no había respondido a unas preguntas formuladas por este periódico sobre las observaciones de la Contraloría y si se tomaron medidas. El órgano fiscalizador también había señalado un reglamento interno del 2016 que permitió la asignación de combustible hasta por un 15 % del salario a los altos directivos, todo lo cual fue criticado por sobrepasar el 10 % que establece la Ley 105-13.
La entrega más excesiva ocurrió en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), donde el ayudante del director, Carlos A. Lantigua Cruz, percibía un sueldo de 20,000 pesos y 70,000 en tickets de gasolina. Todo esto ocurrió entre septiembre del 2020 y abril del 2021.
Su superior, Juan Carlos Torres Robiou, tenía una asignación de 100,000 pesos, además de su salario de 180,000. El subdirector administrativo, César Daniel Núñez Cortorreal, y el gerente financiero, José Javier Rosario Pimentel, recibían 50,000 pesos cada uno, mientras que otros 15 funcionarios obtenían 20,000.
Torres Robiou y Lantigua Cruz fueron acusados por el Ministerio Público de estafa al Estado. El caso por el que se le acusa, junto a otros imputados por corrupción administrativa, supera los 4,000 millones de pesos, según el Ministerio Público. Involucra a casi 30 policías y militares.
Tras un extenso preámbulo sobre el debido proceso, la Contraloría indica en una respuesta escrita a preguntas de Diario Libre sobre el uso irregular del beneficio de combustibles y sus hallazgos:
«Solo al concluir este proceso de investigación y análisis técnico, y de conformidad con la Ley 10-07 y los procedimientos internos de la Contraloría, procede remitir los hallazgos a las instancias competentes, incluyendo el Ministerio Público, para la evaluación de posibles acciones legales.
Actualmente, la Contraloría se encuentra desarrollando estas actuaciones, asegurando que el manejo de la información y la documentación respectiva cumpla con los principios de legalidad, confidencialidad y debido proceso».
La institución prefiere no hablar de sanciones y es enfática en que su labor es dar «seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría, con el objetivo de evitar la repetición de irregularidades y fortalecer los sistemas de control».
Considera que el problema no radica en vacíos normativos ni en «puntos ciegos» de la contabilidad gubernamental, sino en debilidades de los sistemas de control interno de algunas entidades sujetas a la Ley 10-07.
«Estas debilidades se originan principalmente en la insuficiente o inadecuada implementación de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), lo que puede generar brechas operativas que faciliten prácticas discrecionales», agregan.
El movimiento cívico Participación Ciudadana ha denunciado que los hidrocarburos de las instituciones se utilizan con fines políticos durante procesos electorales.
Leidy Blanco, coordinadora general de la entidad, sostiene que «el combustible sigue siendo uno de los rubros más opacos del gasto público» y lamenta que, aunque las auditorías lo detectan, «no funcionen como un mecanismo de disuasión ni generen sanciones».
«La entrega de tickets sin constancia de recepción o claridad sobre su uso viola principios básicos de trazabilidad y responsabilidad administrativa; además, impide identificar beneficiarios reales y facilita desvíos, duplicidades y uso político del recurso», concluye.
