TemasRelacionados
SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra los principales cabecillas de una peligrosa red internacional de tráfico de armas que operaba en diversas provincias del país, desmantelada tras un fuerte operativo de inteligencia.
La medida de coerción fue impuesta a Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi) y a Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), quienes deberán cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública Juana Núñez, en la provincia Hermanas Mirabal, por su vinculación directa con el tráfico ilícito de armamento.
En cuanto a los demás integrantes de la banda, el tribunal dictó garantías económicas millonarias, además de impedimento de salida del país, para José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri) y Brian Vignieri Dilone, quienes deberán pagar RD$1,000,000 mediante contrato.
Pablo Sánchez Arnau (Alemán) deberá pagar una garantía económica de RD$400,000, mientras que Henry Miguel Ángel Paulino Marmolejos pagará RD$250,000; ambos fueron sentenciados a presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio dominicano.
A Joel Rafael González Martínez se le impuso el pago de RD$200,000, además de firmar periódicamente ante el tribunal, medida que también fue aplicada con garantías económicas de RD$100,000 a José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo) y Jonathan Orlando Carela Montilla.
El tribunal también impuso medidas de coerción a Carlos José María Henríquez Valdez y Edward Francisco Tejada Fernández, quienes deberán cumplir con presentación periódica y no podrán abandonar el país mientras continúa el proceso judicial.
La fiscal Topacio Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía del Distrito Nacional, confirmó que esta estructura criminal se dedicaba a introducir, distribuir y vender armas de fuego de manera clandestina en todo el territorio dominicano, alimentando la delincuencia organizada.
La magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y declaró el expediente como caso complejo, dada la magnitud de la red delictiva.
La investigación se originó tras la detención de Brayan Jesús Gil Pérez, capturado en flagrante delito en diciembre de 2025 en el sector capitalino de Miraflores con un arsenal de cinco pistolas, ocho cargadores y equipos de comunicación, pieza clave que permitió desarticular toda la red criminal.
