El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, desmintió que el caso contra Jochi Gómez, Hugo Beras y demás imputados haya perdido fuerza tras la decisión de la jueza Yanibet Rivas de excluir la acusación de terrorismo.
No debilita el proceso porque los hechos y las pruebas se mantienen intactos, y el tribunal ratificó el sabotaje; es como decir que retuvimos el 90% del tipo penal, lo restante lo demostraremos en el juicio de fondo, afirmó Camacho.
La jueza envió a juicio a José Ángel Gómez Canaán, dueño de Aurix, y al exdirector del Intrant, Hugo Beras, junto a Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
Asimismo, enfrentarán el tribunal Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El bloque de empresas procesadas incluye a Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.
Según Camacho, al mantenerse las acusaciones por sabotaje y lavado de activos, los imputados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
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La PEPCA formalizó esta acusación contra el entramado de corrupción en octubre de 2025.
El Ministerio Público determinó que, mediante contratos irregulares con Dekolor, PagoRD Xchange y Transcore Latam, se otorgó acceso privilegiado a estas empresas para desviar fondos estatales y realizar operaciones de lavado, burlando la seguridad tecnológica y la transparencia administrativa.
La acusación identifica a Jochi Gómez como el cerebro detrás de este esquema criminal que operaba mediante el control de infraestructuras críticas del Estado para la estafa, el lavado y el sabotaje informático.
Gómez Canaán es señalado como el principal beneficiario de contratos fraudulentos y responsable directo del caos en la red de semáforos, el espionaje tecnológico y el hackeo de sistemas públicos.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica, permitiendo la manipulación de semáforos y videovigilancia.
Frank Díaz Warden alteró licitaciones del Comité de Compras para beneficiar al clan corrupto.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda entregó las llaves del control técnico de los semáforos mediante certificaciones falsas.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia avaló documentos presupuestarios sin sustento legal.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de mando semafórico mientras participaba en el lavado de dinero y las estafas.
Carlos José Peguero Vargas fue pieza clave en el movimiento de dinero ilícito a través de Inprosol.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez operaban como testaferros, ocultando la fortuna de Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Cassó fungió como facilitador financiero en el desvío y blanqueo de recursos públicos.
Las empresas fueron instrumentos clave: Transcore Latam para el control semafórico ilegal y PagoRD Xchange para el saqueo de ingresos y compra de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana se usó para lavado y contrabando, mientras que Dekolor manipulaba licencias para encubrir el rastro del dinero.
Aurix S.A.S. funcionaba como el centro de espionaje y ciberataques contra el país.
Inprosol sirvió de lavandería financiera y OML Inversiones adquirió inmuebles millonarios con dinero robado al pueblo.
Este expediente histórico por corrupción administrativa incluye cargos por lavado, desfalco, asociación de malhechores, estafa, sabotaje tecnológico, robo de identidad, contrabando y violación a la Ley de Armas, representando uno de los casos judiciales más complejos contra la impunidad en República Dominicana.
