El exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el polémico empresario Jochi Gómez fueron enviados a juicio de fondo por el sonado caso de corrupción en la red de semáforos que habría desfalcado al Estado dominicano por más de RD$1,300 millones.
El Ministerio Público presentó formal acusación por corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas y estafa contra el Estado, buscando sentar un precedente histórico en los tribunales del país.
Uno de los puntos más controversiales de la acusación era la imputación por terrorismo contra Gómez Canaán, Beras y otros implicados.
Según el órgano persecutor, el sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo en agosto de 2024 fue una maniobra orquestada por Gómez con el aval de Beras para desestabilizar el tránsito.
Sin embargo, la jueza Yenibet Rivas dio un giro al caso este viernes al declarar inadmisible la calificación de terrorismo para los imputados.
La titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional argumentó que en la narrativa del MP no existen elementos que prueben que la acción buscaba provocar muertes, lesiones o daños estructurales estratégicos.
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«No basta con causar un caos en el tránsito para hablar de terrorismo. Tampoco se demostraron daños físicos ni psicológicos permanentes en las víctimas», enfatizó la magistrada.
Para fundamentar su decisión, la jueza comparó este hecho con el atentado al metro de Santo Domingo de 2014, el único antecedente real de terrorismo en la justicia dominicana.
“En este caso no hubo lesiones a personas ni un estado de terror colectivo que justifique esa tipificación penal”, concluyó Rivas.
“No tenemos que ver con eso”
Juan Hirohito Reyes, abogado de Jochi Gómez, celebró la decisión, afirmando que es evidente que las acusaciones no tienen sustento legal sólido.
«Vamos a juicio de fondo con todo. Creemos en la justicia y estamos listos para demostrar nuestra verdad», declaró Gómez al salir del tribunal con tono desafiante.
Por su parte, la defensa de Beras, liderada por Laura Acosta, reiteró la inocencia del exfuncionario respecto a los cargos más graves presentados por el MP.
Para la jurista, la decisión de la magistrada sobre el terrorismo expone las falencias y debilidades del expediente acusatorio enviado a juicio de fondo.
Aunque se descartó el terrorismo, el tribunal mantuvo la acusación por sabotaje ante el colapso del sistema semafórico de la capital.
La defensa cuestionó esta parte del fallo recordando que, en el periodo mencionado, Hugo Beras ya no estaba al frente del Intrant.
“Esos puntos se aclararán durante el juicio de fondo, donde la verdad saldrá a relucir”, aseguró Acosta.
La acusación del Ministerio Público
El MP señala a José Ángel Gómez Canaán como el principal beneficiario de un contrato fraudulento otorgado a la empresa Transcore Latam para la modernización semafórica.
La fiscalía sostiene que hubo una manipulación directa de los dispositivos tecnológicos por parte de Gómez y Beras para provocar el apagón del sistema.
El expediente también incluye a Pedro Vinicio Padovani Báez, quien habría colaborado como supervisor del centro de control de tráfico durante las maniobras de sabotaje.
Otros implicados en el expediente
A juicio de fondo también irán Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
La lista de imputados se completa con Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas señaladas incluyen Aurix S.A.S., Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
