El gobierno cubano estalló contra las graves acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos hacia Raúl Castro Ruz por el histórico derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, calificando la medida como una infame provocación política y un acto canallesco que sacude el panorama internacional.
La postura oficial fue fijada por el embajador cubano en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, durante una rueda de prensa urgente realizada en la sede diplomática de Cuba en Santo Domingo, la cual captó la atención inmediata de los principales medios de comunicación en el país.
Durante su encendida intervención, el diplomático aseguró que Washington carece de legitimidad y jurisdicción para promover este proceso judicial, acusando a la Casa Blanca de manipular la historia al ignorar las denuncias previas de Cuba sobre supuestas violaciones constantes de su espacio aéreo.
Arzuaga arremetió contra la estrategia comunicacional de Estados Unidos, afirmando que mantienen una narrativa falsa y comparó directamente las tácticas de propaganda de Washington con el oscuro aparato de Joseph Goebbels durante el régimen nazi.
En su discurso, el embajador cuestionó duramente la política exterior estadounidense, señalando una supuesta doble moral frente a diversos conflictos y acontecimientos históricos de relevancia global.
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Castro podría enfrentar una condena de pena de muerte o cadena perpetua por la imputación de asesinato en Estados Unidos. El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró desde Miami su confianza en que el exmandatario comparezca ante la justicia estadounidense, ya sea por su propia voluntad o por otra vía.
Existe una orden de arresto vigente tras revelarse los cargos por la muerte de cuatro aviadores en 1996, periodo en el que Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas. La noticia genera gran impacto en la región ante la posible escalada de tensión diplomática.
Al ser consultado sobre posibles operativos de captura similares a la reciente detención de Nicolás Maduro, el fiscal Blanche evitó dar detalles específicos sobre futuras acciones, subrayando que Estados Unidos utiliza diversos mecanismos legales y estratégicos para traer ante la justicia a quienes enfrentan cargos criminales fuera de su territorio.
