La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su apoyo a las comunidades que defienden la preservación de las cordilleras Central y Septentrional frente a la amenaza minera.
A través de un comunicado, la iglesia se unió a la lucha ciudadana para que estos territorios sean protegidos de proyectos extractivos que atentan contra la integridad ecológica del país.
“Nos unimos a la demanda de que estos territorios sean resguardados de actividades mineras, ya que comprometen la salud ambiental y el ciclo hidrológico de nuestra media isla. Instamos a nuestras autoridades a escuchar el clamor del pueblo que exige respeto para nuestras montañas”, señala el documento.
Recordaron las palabras del papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, que define el cuidado de nuestra casa común como una responsabilidad compartida que exige decisiones urgentes por la sostenibilidad y el futuro de la nación.
“Las montañas son un patrimonio natural invaluable y un pilar esencial para el equilibrio ambiental y la seguridad hídrica de la República Dominicana”, agregan.
La CED expresó su profunda preocupación por el impacto de la minería en el agua, recurso vital para el consumo humano, la agricultura y el desarrollo sostenible.
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Precisan que las cordilleras funcionan como fábricas de agua que abastecen los principales ríos y acuíferos del país, por lo que cualquier intervención minera pondría en grave riesgo la cantidad y calidad del agua de todos los dominicanos.
“Esta amenaza impactaría a las futuras generaciones. Nuestra preocupación se extiende a todo el sistema hídrico nacional que debe ser protegido de acciones que pongan en peligro su vida útil”, advierte la comisión.
Asimismo, explicaron que la minería implica remoción de suelos y el uso de sustancias químicas peligrosas que, aun bajo protocolos técnicos, generan riesgos inaceptables para los acuíferos.
La contaminación por metales pesados o sedimentos representa un peligro real que podría alterar los cursos naturales de los ríos, afectando cuencas críticas como las que alimentan la Presa de Hatillo.
“Como señala Laudato Si’, el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Proteger nuestras montañas es un acto de justicia social. Los ciudadanos que reclaman que no se aprueben proyectos mineros en estas cordilleras realizan una acción legítima por la vida de toda la nación”, subraya el comunicado.
Ante esto, la iglesia reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo integral donde la protección ambiental sea la prioridad sobre los intereses económicos.
Solicitan de manera especial priorizar el agua como criterio fundamental e innegociable antes de evaluar la viabilidad de cualquier proyecto extractivo.
“Invitamos a promover alternativas económicas que aseguren el bienestar actual sin comprometer el mañana. Exhortamos a fomentar un diálogo sincero entre las autoridades y las comunidades para buscar soluciones que prioricen el agua, la vida y la preservación de nuestros recursos naturales”, finaliza el mensaje.
