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El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), celebra que el caso Intrant pase a juicio de fondo tras la decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que ratifica al Estado como víctima y actor civil en este proceso contra la corrupción.
El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público tiene la firme meta de recuperar hasta el último centavo del pueblo, para que la cultura de la impunidad quede atrás, expresó José Alberto Ortiz. El Estado buscará en los tribunales una indemnización de 12 mil millones de pesos, recursos que deben volver a las arcas públicas para financiar obras y servicios para todos los dominicanos.
Ortiz, junto a Rafael Rivas y el abogado Edison Joel Peña, resaltó que la jueza Yanibet Rivas confirma el precedente de que el Estado tiene plena facultad para defender sus intereses y reclamar justicia ante cualquier acto de corrupción que afecte el erario nacional.
Este caso es una señal clara de que la protección del patrimonio público debe ser independiente y sin colores políticos. Cuando se trata de defender el dinero de nuestra gente, lo único que cuenta es la ley, las pruebas y la reparación del daño al pueblo dominicano, enfatizó Rivas sobre el juicio contra Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S., y Hugo Beras, exdirector del Intrant.
De igual forma, deberán enfrentar juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
En el expediente también figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, además de Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
La lista de empresas implicadas incluye a Transcore Latam S.R.L., Aurix S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
El Estado dominicano sostiene que el sabotaje a servicios públicos y cualquier daño a la institucionalidad son delitos graves que han afectado el patrimonio colectivo, por lo que la justicia debe actuar con todo el peso de la ley para recuperar los bienes que pertenecen a la sociedad.
