La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) encendió el debate tras rechazar de forma contundente el proyecto de resolución del diputado Nicolás Hidalgo, que busca descontar de sus sueldos a los maestros que se ausenten para participar en movilizaciones y actividades gremiales.
El sindicato alertó que esta propuesta representa un atropello a los derechos constitucionales y a la libertad sindical que protege a los trabajadores de la educación en todo el país.
Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, calificó la medida como un ataque directo al magisterio nacional, advirtiendo que castigar económicamente a los docentes por ejercer su derecho a la protesta es una acción retrógrada y antisindical.
“Este proyecto vulnera artículos fundamentales de la Constitución, ignora la Ley General de Educación 66-97 y choca de frente con los convenios internacionales de la OIT que el Estado dominicano está obligado a respetar”, sentenció Hidalgo en una comunicación formal enviada a la Cámara de Diputados.
La misiva subraya que la organización no permitirá que se coarte la voz de los educadores, amparándose en el marco jurídico que garantiza su derecho a la libre asociación.
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ADP defiende el derecho a la lucha gremial
En el documento, el gremio recuerda que la Constitución dominicana garantiza la libre asociación para fines lícitos, un pilar esencial en cualquier democracia que busca el bienestar de sus servidores públicos.
“Intentar imponer sanciones económicas por participar en actividades sindicales es una táctica para debilitar la lucha docente, limitando el ejercicio efectivo de derechos que fueron conquistados tras años de esfuerzos”, señaló el dirigente.
Asimismo, la ADP recalcó que la resolución pretende etiquetar erróneamente las actividades de defensa magisterial como ausencias injustificadas, una maniobra que consideran un precedente peligroso para la clase trabajadora en República Dominicana.
Conflicto con la Ley General de Educación
El presidente de la ADP insistió en que el proyecto desconoce las normativas vigentes, específicamente los artículos 141 y 142 de la Ley 66-97, que reconocen el rol legítimo de los gremios dentro del sistema educativo.
“La ADP es la voz mayoritaria del magisterio y seguiremos firmes ante cualquier intento de limitar nuestra capacidad de acción y defensa”, indicó. La organización hizo un llamado urgente a los legisladores para que valoren las implicaciones legales y sociales de esta propuesta antes de avanzar en su aprobación.
