Un proyecto de reforma a la Ley 50-88 sobre estupefacientes y sustancias controladas, que actualmente debate el Senado, propone eliminar la cárcel para los ciudadanos sorprendidos con consumo o posesión de sustancias, sustituyendo esa sanción penal por el tratamiento obligatorio en programas de evaluación, orientación y rehabilitación.
La pieza legislativa modifica el artículo 75 de la normativa vigente. Actualmente, el sistema dominicano establece que por simple posesión, el procesado puede ser sancionado con entre seis meses a dos años de prisión y multas de 1,500 a 2,500 pesos.
Sin embargo, la propuesta que analizan los legisladores suprime ese castigo y ordena que, en estos casos, la justicia deberá remitir obligatoriamente a la persona a programas de salud mental, evaluación y medidas de reducción de daños, bajo los protocolos técnicos del Ministerio de Salud Pública.
De aprobarse esta iniciativa del senador Edward Espiritusanto (La Romana-Fuerza del Pueblo), el cambio significaría que quienes caigan por posesión o consumo personal ya no irán a prisión, sino que serían enviados a centros de atención especializada.
La propuesta mantiene intactas las penas severas establecidas para las demás categorías vinculadas al narcotráfico en República Dominicana.
Mano dura al tráfico
El párrafo uno del artículo 75 continúa estableciendo que los distribuidores y vendedores serán castigados con penas de tres a diez años de cárcel, además de multas de entre 10,000 y 50,000 pesos.
Asimismo, el párrafo dos conserva los castigos para los traficantes, quienes enfrentan condenas de cinco a veinte años de prisión y una multa basada en el valor de las sustancias decomisadas, nunca inferior a 50,000 pesos.
En tanto, el párrafo tres mantiene la pena máxima para los patrocinadores del narcotráfico —quienes financian estas operaciones—, que seguirían siendo castigados con 30 años de cárcel y multas millonarias.
De esta manera, la reforma se limita a cambiar el enfoque legal sobre la posesión o consumo, mientras que la persecución contra la distribución y el financiamiento del crimen organizado permanece con todo el rigor de la ley.
El enfoque
Para sustentar su propuesta, el senador Espiritusanto considera que la implementación de políticas públicas contra las adicciones debe orientarse hacia la prevención y la salud pública.
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«La adicción debe ser tratada como un problema de salud mental, en lugar de mantenerse exclusivamente la persecución penal contra los consumidores», sostiene el proyecto que se encuentra en manos del Congreso.
