Susana Reina/Latinoamérica21
En las últimas semanas, Perú ha activado una alerta roja internacional por una ofensiva de decisiones políticas y judiciales que vulneran los derechos fundamentales de niñas y mujeres. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el escenario es crítico: desde el bloqueo sistemático al aborto legal por violación, hasta el polémico reconocimiento de prácticas reproductivas sin control, bajo una alarmante impunidad en violencia física y exclusión educativa.
Tras años de caos institucional, golpes presidenciales y una ruptura total de representación, el actual Congreso se ha vuelto el búnker donde el fundamentalismo conservador ejerce un poder absoluto. En este clima de fragmentación y debilidad democrática, las políticas de género y salud reproductiva son el epicentro de una guerra ideológica implacable.
Lo crucial aquí es que no se debate solo una ley, sino el futuro de un Estado que garantice derechos bajo estándares internacionales o uno que rinda las garantías básicas ante dogmas religiosos y pactos electorales.
Aborto terapéutico: ley vigente, derecho bloqueado
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Aunque el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924 bajo riesgo de vida o salud, en la realidad miles de niñas víctimas de abuso sexual son forzadas a la maternidad. Un reporte devastador confirmó que entre 2014 y 2023 más de 2.600 niñas menores de 15 años violadas fueron privadas de este procedimiento médico legal.
A esto se añade un escándalo político: la congresista Milagros Jáuregui, del ala ultraconservadora de Renovación Popular, fue denunciada por exponer mediáticamente a niñas con sus bebés en eventos de su refugio. Colectivos feministas y organismos de derechos humanos advierten que esta revictimización evidencia cómo el fanatismo moral manipula los cuerpos de las menores.
En este conflicto, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, desató una indignación masiva con declaraciones que politizan los derechos reproductivos. En televisión nacional, Fujimori sentenció que, si sus propias hijas fueran víctimas de violación, les exigiría tener al bebé, limitando el aborto únicamente al riesgo de muerte y rechazando tajantemente el aborto por violación.
Este discurso, que refleja una postura de ultraderecha contra los derechos sexuales, representa un peligro inminente, pues una aspirante presidencial busca desmantelar las políticas de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el país.
Vientres de alquiler: el vacío legal que genera incertidumbre
Simultáneamente, el Tribunal Constitucional emitió un fallo histórico que reconoce la filiación de una menor nacida por gestación subrogada, abriendo un debate jurídico explosivo en un país sin leyes claras que protejan a las gestantes ni a los recién nacidos.
La sentencia es vista por expertos no como un aval total, sino como una urgencia para legislar sobre el interés superior del niño y evitar la inseguridad jurídica. Sin embargo, este limbo ético preocupa a las feministas, quienes alertamos sobre la explotación y mercantilización del cuerpo femenino en un sistema sin marcos regulatorios que eviten abusos contra las mujeres más vulnerables.
Violencia de género y brecha social extrema
El drama no se limita a las cortes. Perú registra cifras de terror con más de 168.000 denuncias de violencia de género, incluyendo una epidemia de agresiones sexuales contra menores. Esta crisis se profundiza con las barreras educativas y la falta de autonomía económica.
Hablar de derechos en Perú es denunciar la desigualdad social. En un país con 70% de informalidad laboral donde la pobreza castiga a mujeres rurales e indígenas, la maternidad forzada es una condena de precariedad. Sin servicios públicos eficientes, las mujeres pobres pagan el precio más alto de la negligencia estatal.
Por ello, cuando el Estado impide el aborto legal o ignora la regulación de los vientres de alquiler, ejecuta una injusticia económica y un abuso de poder. La autonomía reproductiva es, ante todo, una lucha por la dignidad y la justicia social.
¿Retroceso histórico o resistencia civil?
Perú acumula condenas de la ONU por violar derechos de niñas abusadas, como el Caso Camila, una menor indígena de 13 años privada de un aborto seguro. Human Rights Watch advierte que el Estado peruano ignora las sanciones internacionales y mantiene un sistema de desprotección absoluta.
El conflicto peruano muestra un choque brutal: frente al atropello institucional, existe una sociedad civil indignada y una opinión pública que exige respeto a los derechos humanos. De hecho, encuestas de 2024 revelan que el 74% de peruanos apoya el aborto para niñas víctimas de violación.
Existe una ruptura total entre el clamor ciudadano y la élite política que impone restricciones extremas mientras permite que industrias como el alquiler de vientres se lucren con la pobreza femenina. Lo que se juega en Perú es la libertad, la autonomía y la vida de quienes han sido históricamente invisibilizadas. El reto es claro: proteger derechos, no aniquilarlos.
