TemasRelacionados
Para la OCDE, la República Dominicana reprueba con fallas críticas en la integridad de la fiscalía, el financiamiento a los partidos, el régimen de consecuencias para los servidores públicos y otras variables donde el país carece de reglas claras.
Recientemente, la entidad lanzó su reporte Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, donde desnuda el desempeño desigual del Estado dominicano en ocho áreas clave de ética pública.
El punto débil que hunde al país en los indicadores de transparencia es la falta de sanciones reales para quienes violan las normativas vigentes.
A su vez, el informe señala que una de las grandes fortalezas dominicanas es el acceso a la información y la integridad judicial, aunque persisten los desafíos por la impunidad ante el incumplimiento de las leyes y los conflictos de intereses.
Las peores calificaciones
Según los datos, República Dominicana figura entre los 21 países con leyes más bonitas en financiamiento político, pero en la realidad el cumplimiento práctico es un fracaso de apenas 14 %, una cifra muy por debajo del 58 % que promedian los miembros de la organización.
El documento establece que, en la práctica, los partidos políticos han ignorado su obligación de presentar cuentas claras y la información sobre el dinero de las elecciones se mantiene oculta al público.
«Aunque el marco legal exige transparencia sobre el dinero de las campañas y la identidad de los donantes, estos informes financieros no se han publicado en internet», establece el informe.
También señaló que la Junta Central Electoral (JCE) no publica detalles sobre las investigaciones de corrupción política ni sobre las sanciones impuestas, además de que su personal carece de auditores certificados.
Otra debilidad alarmante es la integridad de la fiscalía. El análisis indica que República Dominicana cumple en papel, pero en la práctica solo alcanza un 5 % en sus criterios de integridad, frente al promedio de la OCDE que supera el 52 %.
Sobre el Ministerio Público, la organización advierte que, a pesar de los concursos, las leyes dominicanas no garantizan que los ascensos de los fiscales se realicen por méritos.
En cuanto al sistema disciplinario para los funcionarios públicos, el país sacó un vergonzoso 0 % en ejecución práctica, quedando muy lejos del promedio internacional.
El informe critica que el gobierno no tiene guías sobre procesos disciplinarios, no capacita a sus investigadores y la Ley 41-08 de Función Pública deja vacíos legales que no garantizan el debido proceso dentro de las investigaciones éticas.
Hay dos aspectos donde República Dominicana sacó cero absoluto: el cabildeo y el marco de integridad pública, sin leyes que regulen estas influencias.
El país no tiene reglas para los «lobistas», no pone límites a los funcionarios públicos que saltan al sector privado y carece de un registro de beneficiarios que revele quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que contratan con el Estado.
La falta de un plan nacional de integridad frena el avance del país. No obstante, el reporte destaca que se trabaja con la OCDE para que República Dominicana lance su primera estrategia nacional de ética entre 2025 y 2026.
Los mejores avances
En el otro extremo, el acceso a la información es donde el país saca la cara. Con un 58 % en cumplimiento, esta dimensión refleja pasos reales hacia la transparencia gubernamental.
Pese a la nota positiva, el informe critica que las agendas de los ministros no son públicas y que el organismo supervisor no tiene garras ni poder de sanción.
En materia de integridad judicial, la República Dominicana muestra bases sólidas con un 40 % de cumplimiento, aunque sigue por debajo del promedio global.
Entre los desafíos urgentes, el reporte advierte que no hay filtros de mérito para elegir jueces en la Suprema Corte de Justicia y que el poder judicial no protege a los denunciantes de corrupción interna.
En el área de conflicto de intereses, el país tiene leyes fuertes, pero el cumplimiento real cae al 22 %, evidenciando que la fiscalización es casi nula.
Aunque las leyes prohíben doble sueldo y otras faltas, no hay mecanismos para resolver los conflictos, y la verificación de las declaraciones juradas es mínima: solo se ha auditado el 14 % de las declaraciones de bienes desde 2018.
