Tras su regreso de París, el presidente Luis Abinader enfrenta una encrucijada histórica, y es que tiene en sus manos la promulgación o veto de la polémica reforma a la Ley 20-23 de Régimen Electoral que borra las candidaturas independientes ya sancionada por el Congreso Nacional.
Luego de semanas de fuertes choques en las cámaras legislativas, el Ejecutivo deberá decidir si respalda el «golpe» de los congresistas, quienes, en lugar de regular la figura que el Tribunal Constitucional ordenó proteger, prefirieron eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la citada norma.
Ahora el reloj presiona al mandatario, quien tiene menos de 10 días para decidir el futuro de esta legislación. Su postura será clave, considerando que, aunque enterrar esta figura fue un «amarre» de la élite política, las candidaturas independientes son defendidas por la sociedad civil, juristas y organismos internacionales.
De no frenar esta ley, expertos aseguran que el presidente Abinader permitiría un precedente peligroso que marca un choque de trenes entre los poderes del Estado y un desacato directo a las sentencias del Tribunal Constitucional.
«Se han pasado de la raya en sus funciones»
El exjuez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, advirtió que esta maniobra legislativa representa una violación flagrante a la autoridad del máximo tribunal del país.
«Esa es una barbaridad jurídica, no puedo apoyarlo, porque pisotea una sentencia del órgano judicial más alto de la nación», sentenció el exmagistrado al señalar que los legisladores se han extralimitado de forma inaceptable.
Recalcó que el Congreso Nacional podía proponer mejoras, pero «nunca anular una decisión ya definitiva». Además, sostuvo que las candidaturas independientes son el «pulmón» que necesita la sociedad dominicana.
«Estoy seguro de que el Tribunal Constitucional volverá a tumbar esta ley, porque ellos no podían actuar así bajo ninguna circunstancia«, alertó.
Claman por el veto presidencial
Ante el inminente paso del Congreso, las alarmas de la sociedad civil se encendieron. El principal crítico del zarpazo a las candidaturas independientes fue el abogado Alberto Fiallo, quien impulsó la acción de inconstitucionalidad que ganó ante el TC.
En su análisis publicado en Diario Libre, el jurista pidió directamente al presidente que no firme la ley.
Para Fiallo, eliminar esta figura es un retroceso democrático por tres razones clave:
- Cierra el paso a líderes sociales que no quieren ser rehenes de las cúpulas partidarias.
- Elimina la presión para un manejo limpio del dinero público.
- Aumenta el hartazgo ciudadano hacia la política, tras una abstención récord en las elecciones de 2024.
«Las candidaturas independientes son un tanque de oxígeno para nuestra democracia», señaló, destacando que esta vía facilita la participación de la mujer y liderazgos de base.
«En vez de debilitar a los partidos, la competencia real los obliga a presentar mejores candidatos», afirmó, antes de lanzar su mensaje final: «Presidente, vete esa ley».
Participación Ciudadana: «La pelota está en el Ejecutivo»
Desde Participación Ciudadana, la vocera Leidy Blanco aclaró que la decisión final está en el Palacio Nacional; sin embargo, sostuvo que las candidaturas independientes forzarían a los partidos a renovarse, ya que el rechazo electoral actual se debe a que las ofertas partidistas están desconectadas de la gente.
Blanco desmintió que abrir el sistema a independientes sea un peligro para la estabilidad.
«En los países donde funciona, no se ha demostrado que las candidaturas independientes amenacen el sistema. Todo lo contrario: es el empuje que necesitan los partidos para dejar de presentar lo mismo», aseguró.
En su reciente informe sobre las leyes electorales, la organización analizó la región y concluyó que, aunque el éxito presidencial es bajo, la figura es vital para lo local. «El éxito de los independientes en América Latina es un proceso en marcha, pero necesario para la pluralidad», indica el texto.
Por otro lado, admitió que implementar esto trae desafíos logísticos para la JCE, especialmente con el voto manual.
«Debimos analizar el tema con responsabilidad y visión amplia, no simplemente borrarlo por conveniencia», puntualizó.
Guerra abierta entre el Constitucional y el Congreso
El conflicto estalló el 13 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia TC/0788/24, anulando los candados de la Ley 20-23 que obligaban a los candidatos independientes a someterse a los partidos tradicionales, abriendo así la puerta a la ciudadanía independiente.
Tras el fallo, la Junta Central Electoral (JCE) y el diputado Elías Wessin Chávez intentaron regular la figura. Pero el Congreso tomó un atajo polémico.
El proyecto aprobado, propuesto por el senador Ramón Rogelio Genao (PRSC), no reguló nada, sino que borró de un plumazo los artículos que permitían las candidaturas independientes.
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La pieza pasó como «viento en popa» en el Senado y la Cámara de Diputados, logrando un extraño consenso entre el PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y el PRSC para proteger el monopolio de los partidos.
La Cámara de Diputados despachó el proyecto de forma exprés en primera lectura. El presidente de la cámara, Alfredo Pacheco, defendió la medida diciendo que permitir independientes dejaría que «cualquiera» compita en los pueblos por cargos públicos.
